Más de 4,4 millones de nicaragüenses han sido convocados a las urnas este domingo, con el objetivo de elegir al presidente y vicepresidente de Nicaragua, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
Sin embargo, en las elecciones no han podido participar tres partidos opositores por decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE), mientras que siete aspirantes a la Presidencia por la oposición fueron encarcelados en los últimos meses y dos optaron por el exilio tras conocer órdenes de captura en su contra.
De la mano del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) es el favorito para ganar unas elecciones que opositores y defensores de derechos humanos han calificado de "fraudulentas", a la vez que la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, y diversos países han mostrado sus reservas sobre la legitimidad de los resultados.
El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha calificado de "pantomima" las elecciones en Nicaragua y amenazado con usar "todas las herramientas diplomáticas y económicas" a su disposición para pedir responsabilidades al presidente nicaragüense.
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Ortega y Murillo, quienes en varias ocasiones ya se han proclamado ganadores de los comicios, reclaman a la comunidad internacional no meterse en "asuntos internos" de Nicaragua y prometen mantener al país por el camino que denominan "revolución".
Más de 3.100 centros de votación
El Consejo Supremo Electoral informó que el sábado quedaron conformadas las 13.459 Juntas Receptoras de Votos (JRV), ubicadas en 3.160 Centros de Votación, que abrirán sus puertas desde las 07.00 hora local (13.00 GMT) del domingo, en los 153 municipios de Nicaragua.
Sin embargo, los primeros centros han abierto sus puertas hacia las 06.38 hora local, con 22 minutos de anticipación respecto a lo programado, y uno de los primeros nicaragüenses en votar fue el canciller Denis Moncada, según imágenes de la televisión local.
Las autoridades electorales, que cuentan con un presupuesto equivalente a 21,8 millones de dólares para organizar las elecciones, tardaron seis días en distribuir unas 5,3 millones de papeletas en los 15 departamentos (provincias) y dos regiones autónomas del Caribe.
Aunque oficialmente el padrón electoral está calculado en 4,4 millones de nicaragüenses, en días recientes el Poder Electoral anunció que admitiría votantes con sus cédulas vencidas, lo que, según medios regidos por el Gobierno, ha elevado a 4,87 el universo de votantes.
En la contienda electoral ha participado el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido de Gobierno, así como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Partido Liberal Independiente (PLI), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), la Alianza por la República (Apre), y Yatama (Hijos de la madre tierra, en lengua miskita), este último solamente en la costa Caribe.
Unos 30.000 policías electorales
Para garantizar la confianza en las elecciones, el Ejecutivo ha designado a 15.000 efectivos del Ejército de Nicaragua y 16.665 agentes de la Policía Nacional, quienes se encargarán de mantener la seguridad, tanto dentro como fuera de los Centros de Votación.
En declaraciones a medios del Gobierno, el vicepresidente del Electoral, Cairo Amador, calculó que unas 280.000 personas formarían parte de la organización de las elecciones en Nicaragua, sin incluir a los 30.000 policías electorales, ni a los 163.877 fiscales.
El Gobierno nicaragüense también ha buscado crear confianza a través de los llamados "acompañantes electorales", un grupo de más de 200 políticos de diferentes países que, según Urnas Abiertas, son “militantes sandinistas” extranjeros, que sustituirán la figura del "observador electoral", recientemente anulada de la legislación nicaragüense.
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Aunque se esperaba que las elecciones se desarrollasen sin alteraciones, el observatorio multidisciplinario Urnas Abiertas ha informado de que en el marco de la jornada se registraron una serie de irregularidades, incluido detenciones de opositores.
En un informe preliminar tras el cierre de urnas a las 18:00 horas, Urnas Abiertas ha identificado "200 hechos de violencia política en los Centros de Votación", entre estos "la negación del ingreso a fiscales opositores, intimidación de paraestatales y fuerzas de choque sandinistas", o "trabajadores del Estado obligados a enviar una foto de la boleta con su nombre escrito en el sitio en que se marca la equis".
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Urnas Abiertas ha advertido que en los últimos 12 meses se registraron 1.656 hechos de violencia política, 120 de estos en octubre pasado, que incluyeron "asedios focalizados, hostigamiento, citatorias y amenazas", supuestamente de parte de empleados e instituciones “estatales y paraestatales”.
Murillo, cuyo esposo también es jefe de la Policía y de las Fuerzas Armadas, y controla todos los Poderes del Estado, ha afirmado que el proceso electoral se ha desarrollado “en paz, tranquilo”.
La Policía Nacional ha prohibido portar armas de fuego e hirientes dos días antes de los comicios, salvo para agentes policiales, efectivos militares y del Sistema Penitenciario Nacional en el ejercicio de sus funciones. Desde el sábado también quedó prohibido el comercio de bebidas alcohólicas, así como el transporte de sustancias químicas, tóxicas y explosivas, salvo el gas licuado o cuando sean trasladadas por empresas.
El hombre con más tiempo en el poder en Nicaragua
De lograr su objetivo en las elecciones, Ortega, quien cumplirá 76 años el próximo día 11, los últimos 42 con un dominio casi absoluto de la política nicaragüense, alcanzaría su cuarto mandato consecutivo y sexto en total, si se incluyen los primeros dos que le permitieron gobernar entre 1979 y 1990.
Con un total de 26 años como jefe de Estado, Ortega es el hombre con más tiempo en el poder, incluso sobre los dictadores Anastasio Somoza Debayle (1956-1963, 1972-1979), y su padre, Anastasio Somoza García (1937-1947, 1950-1956).
Más de 200.000 personas han optado por abandonar Nicaragua en el contexto electoral, según la organización Nicaragüenses en el Exterior (NEEM), cantidad que casi duplica el éxodo de 108.000 registrados entre 2018 y 2020 por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnudh).