La Fiscalía ha sostenido este martes que Pedro N. , acusado de ser el inductor del asesinato del concejal de IU en Llanes Francisco Javier Ardines, planificó el crimen con la ayuda de un intermediario y de dos sicarios por el "odio profundo" que sentía hacia el edil por la relación extraconyugal, y ha pedido al jurado popular que tomen una decisión con "sentido común", ya que no habrá pruebas "directas".
Así se ha pronunciado la fiscal Belén Rico en su intervención inicial en la primera vista del juicio por el asesinato de Ardines en agosto de 2018 que ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Oviedo. Será un jurado popular, conformado el pasado viernes e integrado por seis hombres y cinco mujeres, el que decida sobre la culpabilidad de los cuatro acusados.
En el banquillo se sientan cuatro hombres, para los que la Fiscalía pide una pena individual de 25 años de cárcel por su implicación en el crimen. Uno de los acusados es Pedro N., cuya mujer mantenía una relación extramatrimonial con la víctima. Los otros tres acusados son Jesús M., al que consideran cooperador necesario, y Maamar K. y D. Benatia, en condición de coautores.
Convencidos de la culpabilidad de los cuatro acusados
En su intervención inicial, la representante del Ministerio Público se ha dirigido a los integrantes del jurado para advertirles de que en este juicio no habrá pruebas "directas", ni "objetivas", como grabaciones de cámaras o testigos del asesinato, pero sí indicios suficientes para considerar que los cuatro acusados son autores, unos de forma material -los dos presuntos sicarios- y los otros dos como coautor y cooperador necesario.
La investigación de la Guardia Civil fue, a juicio de la fiscal, "larga, compleja y completa" y estuvo basada en hechos indiciarios, y ha recordado que hay multitud de casos que acaban en condenas una vez que se prueba la relación de los acusados con la causa.
La fiscal ha explicado al jurado su convicción de que los cuatro acusados, en diferente forman, participaron en la muerte de Ardines. Así, se ha mostrado "segura" de que los sicarios Maamar K., y Djillali B. mataron al edil, de que Pedro N. les suministró toda la información para hacerlo por "un odio profundo a la víctima desde que conoció su relación con su mujer" en diciembre de 2017, y de que Jesús M. fue intermediario al contactar y pagar a los dos sicarios.
Por su parte, el abogado de la acusación particular ejercida por la mujer y los hijos de la víctima, Antonio Pineda, ha explicado a los jurados que la familia de Ardines se ha personado en el procedimiento "para hacer justicia" porque los cuatro procesados actuaron de común acuerdo para atacar "por sorpresa y de forma brutal" al concejal.
Y ha reclamado una pena de 25 años de prisión y una indemnización de 400.000 euros para la viuda y los dos hijos de Ardines, frente a los 168.000 que pide la Fiscalía.
Los acusados niegan su implicación
Por otro lado, las defensas de los cuatro acusados de asesinar al concejal han rechazado su implicación y han pedido su absolución por falta de pruebas, según los escritos que han sido leídos ante el jurado popular al inicio del juicio.
La defensa de Pedro N. pide su absolución al sostener que no tuvo intervención "directa ni indirecta" en la muerte violenta del edil porque "ni planeó, ni concertó con terceras personas", la ejecución de un plan preconcebido para acabar con su vida.
Asimismo ha incidido en que "no hay ninguna prueba directa, ni testigo que haya visto u oído algo, ninguna prueba objetiva científica" que implique a su defendido. Además, ha sostenido que "personas desconocidas" mataron al edil cerca de su casa en la parroquia de Belmonte de Pría, donde, según su versión, solo se encontraron restos biológicos de la víctima y de una mujer con la que Ardines mantendría supuestamente una relación sentimental.
El letrado ha recordado al jurado que "si no hoy prueba, si no hay certezas o si hay duda solo cabe absolver" y haciéndolo también hacen justicia, porque les ha indicado que la justicia no solo se hace condenando, sino resolviendo y decidiendo.
La defensa de Jesús M., ejercida por el abogado Luis Mendiguren, también ha pedido la libre absolución y ha mostrado total disconformidad con los hechos que le atribuye la Fiscalía. En su intervención para dirigirse a los miembros del jurado les ha recordado que la presunción de inocencia es "la piedra angular del derecho penal" y ha añadido que por lo tanto deberán existir pruebas determinantes y de peso para poder condenar a alguien.
En cuanto a las defensas de Djilali B. y Maamar K. acusados de ser los autores materiales del asesinato a cambio de dinero, han mantenido una línea similar y también han pedido su absolución al incidir en su falta de pruebas.
"Las cosas no siempre son lo que parecen", ha destacado el letrado de la defensa de uno de los supuestos sicarios, que ha añadido que "no hay atestados policiales infalibles". Por su parte la defensa de Maamar K., ejercida de oficio por Fernando de Barutell, ha destacado que en esta investigación han existido "presiones" y ha llegado a manifestar que a su defendido le han llegado a exhibir como "un mono de feria".
El crimen
Uno de los acusados es Pedro N., cuya mujer, según el ministerio fiscal, mantenía una relación con el fallecido. Se trataba de una relación desde la adolescencia, que duraba ya más de 30 años cuando se cometieron los hechos y se desarrollaba en Llanes, donde vivía Ardines y a donde Pedro N. se desplazaba sobre todo en periodos vacacionales, ya que vivía junto a su familia en el País Vasco.
La Fiscalía considera probado que el acusado Pedro N., descubrió el idilio entre su mujer y su amigo en diciembre de 2017, tras grabar con su móvil una conversación entre su esposa y el fallecido.
Fue en julio de 2018 cuando Pedro N. tomó la decisión de ejecutar su plan, sabedor de que su mujer, prima segunda de la esposa del concejal, pasaría el verano en una casa familiar próxima a la de Ardines, y para ello contactó con Jesús M. para que le buscase a personas que pudieran actuar como sicarios a cambio de dinero.
Uno de ellos, Djilali B. declaró ante la jueza que él y su compatriota argelino Maamar K. cobraron 25.000 euros cada uno, mientras que el mediador recibió otros 10.000.
Tras estudiar los movimientos rutinarios del concejal, los sicarios se desplazaron a Belmonte de Pría para ejecutar el crimen y, tras un primer intento fallido en la madrugada del 1 de agosto, ambos lo intentaron por segunda vez dos semanas después.
Según las acusaciones, en la madrugada del 16 de agosto, los sicarios colocaron dos vallas de obra para impedir el paso del vehículo de Javier Ardines y cuando este se bajó para retirarlas, ambos le atacaron primero con un espray de pimienta y después le golpearon la cabeza con un palo o un bate de béisbol y le estrangularon hasta matarlo.