Los ayuntamientos de las principales ciudades españolas han dado la alarma sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de plusvalía que pagan a las corporaciones locales quienes venden una vivienda. Los ayuntamientos aseguran que se les privará de una fuente muy importante de financiación.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, asegura que se privará a las administraciones locales de "una fuente sustancial de ingresos".
"Las finanzas municipales sufren un muy fuerte deterioro, calculamos que unos 2.500 millones de euros anuales", ha afirmado, a la vez que ha pedido una reforma de la ley para garantizar seguridad jurídica.
14 horas - Los ayuntamientos apremian al Gobierno para que compense las pérdidas por el impuesto de plusvalías - Escuchar ahora
Madrid perdería 500 millones y Barcelona 180
Los municipios con un mayor mercado inmobiliario son los más afectados. El Ayuntamiento de Barcelona estima que perdería al menos 180 millones de euros, contemplados en el proyecto de Presupuestos municipales para 2022.
"Es necesario compensar a los entes locales por la pérdida de ingresos y fijar una normativa que regule bien el impuesto. No podemos renunciar, en el caso de Barcelona, a 180 millones de euros en políticas sociales o en inversiones para la reactivación económica", ha indicado en un tuit el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
El grupo municipal de ERC ha pedido a la alcaldesa, Ada Colau, la convocatoria de un pleno urgente para buscar una respuesta común.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al Gobierno que plantee una "solución inmediata". "No podemos correr el peligro de que, con la situación económica y social que vamos a tener en 2022, los ayuntamientos no podamos cumplir con nuestras obligaciones", ha explicado.
Madrid preveía ingresar alrededor de 500 millones de euros en concepto de plusvalía.
Otros ayuntamientos han hecho también sus cuentas. El de Zaragoza considera que dejaría de ingresar 45 millones; el de Toledo, 5,2 millones al año; el de Santander, 12,6 millones.
Por su parte, el presidente Eudel (asociación de municipios vascos), Gorka Urtaran, ha recordado que en el País Vasco este impuesto ya se adaptó en 2017 a varias sentencias. No obstante, ha pedido "garantías jurídicas" y ha afirmado que los ayuntamientos vascos recaudan 62 millones de euros con este impuesto.
El Gobierno pide prudencia y asegura que trabaja en una alternativa
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha pedido "prudencia" mientras el Ministerio de Hacienda estudia "técnicamente" la sentencia completa.
"Estamos esperando el contenido de la sentencia y, como anunciamos ayer, estamos viendo la fórmula en la que abordar esta nueva redacción de ese impuesto para los ayuntamientos, que es una de las vías importantes de ingreso de las arcas municipales", ha manifestado Rodríguez.
La ministra portavoz ha insistido en que Hacienda está "explotando todos los escenarios" y sigue avanzando en los trabajos que, asegura, ya se han iniciado, para ver "cómo podemos dar solución a una cuestión que, evidentemente, es un problema".
No solo desde las administraciones locales, también desde las autonómicas se pide una solución. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández, ha abogado por actuar "con mucha diligencia" para que se encuentre una solución "alternativa lo antes posible".