El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas para proteger a los 1,2 millones de hogares vulnerables ante la escalada en los precios de la energía que siguen en niveles máximos en el mercado mayorista.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a incrementar el descuento en la factura de la luz del bono social a los consumidores vulnerables. Así, crece del actual 25 % al 60 %, en general, y del 40 % al 70 % para los consumidores vulnerables severos, según ha podido saber RTVE.
Esta medida estará en vigor hasta el 31 de marzo de 2022, fecha en la que está prevista que bajen los precios de la luz en el pool.
De cara al invierno, el Gobierno también duplica el presupuesto para el bono social térmico durante los meses que restan de 2021. Ahora se destinan 202,5 millones de euros, y la ayuda mínima sube desde 25 euros a 35 euros por consumidor vulnerable.
24 horas - El Gobierno amplía el bono social y suaviza el recorte de beneficios a las eléctricas - Escuchar ahora
Cheque de 90 euros para calefacción
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que "de forma excepcional, los perceptores del bono térmico percibirán un cheque de 90 euros por familia para cubrir sus necesidades de calefacción".
Ribera ha señalado que el cheque estará disponible a partir de diciembre y que a tal fin, el departamento que encabeza liberará las partidas económicas necesarias que serán distribuidas a las comunidades autónomas para el abono de esta ayuda.
El real decreto-ley también precisa la minoración de beneficios a las eléctricas que se benefician del alza del precio del gas que no utilizan en el mercado y quedan exentas las que no hayan incorporado beneficios extraordinarios antes del 16 de septiembre (fecha de entrada en vigor del real decreto-ley que estableció la minoración), o bien las que amplíen cobertura de contratos a precio fijo para las empresas.
Nueva prórroga del escudo social
El Consejo de Ministros ha prorrogado hasta el 28 de febrero de 2022 el escudo social, adoptado para hacer frente a las consecuencias económicas de la COVID y que incluye la suspensión de los desahucios y de los cortes de suministro de agua, electricidad y gas natural a los colectivos vulnerables
España ha trasladado a la Comisión Europea y al resto de socios de la UE un nuevo documento de propuestas para hacer frente a la escalada de los precios energéticos en el que propone que en momentos "excepcionales" se permita abandonar el sistema actual de fijación de precios por otro basado en el coste de las energías renovables.
El precio de la electricidad estaría “directamente vinculado a las mezclas de producción nacionales”, de acuerdo a la propuesta, mientras que al mismo tiempo protegería a los consumidores de volatilidades excesivas. En segundo lugar, España pide explorar un precio límite para las ofertas de electricidad producida por gas natural, una medida que a su juicio requiere de "una compensación posterior".