El exministro español Rodolfo Martín Villa ha recurrido ante la Cámara Federal de Apelaciones argentina el auto de su procesamiento de la jueza María Servini por la muerte de varias personas entre 1976 y 1978, según informaron a Efe fuentes cercanas al exministro.
En el recurso presentado este jueves por los abogados del exministro español se afirma que la magistrada ha hecho suya "la versión de los querellantes", no ha realizado una investigación judicial independiente y ha calificado determinadas muertes, causadas por disparos policiales entre 1976 y 1978, como delitos de lesa humanidad, que no lo son y resultan incompatibles con el proceso que fue la Transición.
En su escrito de 47 folios, la defensa del exministro expone los motivos por los que considera que en la resolución judicial ha habido falta de imparcialidad, arbitrariedad, carencia de fundamento por ausencia de pruebas y atribución de responsabilidades penales por el mero hecho de desempeñar cargos de ministro, según las mismas fuentes.
Por su parte, Servini le acusa de ser "autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado, reiterado en al menos cuatro oportunidades", del que resultaran víctimas cuatro hombres, tres de los cuales murieron como consecuencia de los disparos efectuados por la Policía en el desalojo de una asamblea de trabajadores en Vitoria (capital del País Vasco) el 3 de marzo de 1976, y el cuarto por disparos de la Policía en los Sanfermines de 1978 en Pamplona.
Además, ordena el embargo sobre los bienes del exministro hasta cubrir la suma de 1.134.000.000 pesos argentinos, casi diez millones de euros.
La defensa alega que no se detallan pruebas sobre su autoría
En el caso de la muerte en las fiestas de San Fermín de julio de 1978, ocurrida cuando Martín Villa era ministro del Interior, la defensa del exministro español cita una declaración del Gobernador civil de entonces que aseguró que las órdenes de disparar fueron "de exclusiva competencia de los mandos de las respectivas unidades actuantes". En el recurso se señala que la jueza "no detalla la prueba cargosa que demuestre autoría" de Martín Villa en las muertes de Vitoria y Pamplona.
La defensa también afirma que "es un disparate decir que Martín Villa instigó, ordenó, indujo o siquiera ayudó a los autores de los homicidios de Vitoria" el 3 de marzo de 1976, dado que él "era el equivalente a un ministro de Trabajo" y no tenía ninguna capacidad para dar instrucciones a la Policía y la Guardia Civil.
Los abogados del exministro detectan en la resolución de la jueza "un desconocimiento de la historia española", ya que la Transición, a diferencia de lo que sostiene la querella y la resolución de la juez Servini, "no tenía por objeto continuar la labor de Franco y/o iniciar un nuevo plan de exterminio o persecución de opositores, sino todo lo contrario, reunir al pueblo español para iniciar un camino hacia la democracia constitucional".
La jueza dictó el auto de procesamiento el pasado día 15, un año después de que Martín Villa declarara voluntariamente ante ella por videoconferencia.
La querella dentro de la que fue procesado Martín Villa fue promovida en Argentina a partir de 2010 por diversos colectivos y familiares de víctimas de la guerra civil española (1936-1939) y de la dictadura franquista (1939-1975) para que se investiguen presuntos delitos de lesa humanidad.
Tras haber sido procurador en las Cortes franquistas, Martín Villa fue, tras la muerte del dictador, ministro de Relaciones Sindicales (1975-1976), del Interior (1976-1979), de Administración Territorial (1980-1981) y vicepresidente del Gobierno (1981-1982).