La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decido este martes avalar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, desestimando así el recurso presentado por el PP y Vox al considerar que ambas formaciones no tienen capacidad, de acuerdo con la ley, a impugnar el nombramiento.
14 horas - El Tribunal Supremo rechaza los recursos de PP y Vox contra el nombramiento de Delgado - Escuchar ahora
Según ha podido saber RTVE, dos magistrados, de los siete que han formado el tribunal, han votado en contra de esa decisión y han anunciado que emitirán voto particular. La sentencia íntegra se conocerá en los próximos días, si bien el PP ya ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Constitucional
El Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2020 el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado vía Real Decreto-ley tras recibir el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso. Tras conocerse la propuesta, los 'populares' ya anunciaron que recurrirían esta designación, al igual que Vox.
A juicio del PP, Delgado no reunía "la apariencia de imparcialidad imprescindible", por lo que pidieron al Alto Tribunal que declarase la nulidad de la designación de la exministra de Justicia como fiscal general, ya que constituye "una desviación de poder al ser un fraude constitucional". Para los de Abascal, por su parte, el informe emitido por el CGPJ para el nombramiento de Delgado "no podía considerarse válido al no cumplir el trámite preceptivo que imponen el artículo 124.4 de la Constitución Española y el artículo 29.1 de la Ley 50/1981".
El PP recurrirá ante el Constitucional
Tras conocer la decisión del Supremo, el PP ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. "Acatamos la decisión del Tribunal Supremo, que recurriremos en amparo ante el Constitucional", ha señalado el secretario de Justicia del PP, Enrique López, en un mensaje en su cuenta de Twitter.
"Desde el PP tenemos plena legitimación para recurrir el nombramiento de Delgado y su absoluta falta de imagen de independencia", ha continuado el también consejero de la Comunidad de Madrid. A su juicio, el fallo refuerza "la necesidad de reformar la ley cuando sea posible".
Por su parte, desde el Gobierno han señalado que el nombramiento se realizó "con escrupuloso respeto a la legalidad y dentro de un marco reglado", ha apuntado la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En este sentido, respecto a la decisión del Alto Tribunal, ha concluido: "Y ahora respeta también escrupulosamente la decisión".
La Abogacía del Estado reclamó que fueran inadmitidos
El Tribunal Supremo mantuvo este asunto sobre la mesa tras inadmitir de plano la pretensión de la Abogacía del Estado para que los recursos fueran declarados inadmisibles por falta de legitimación activa de ambos partidos para recurrir el nombramiento instado por el Gobierno. Esa decisión fue adoptada en enero en el caso del recurso del PP, cuando la Sección Cuarta de lo Contencioso rechazó archivar el procedimiento por el momento y aplazó la decisión sobre la legitimidad del PP en este asunto "al momento de dictar sentencia".
El Supremo aplaza pronunciarse sobre la demanda del PP contra el nombramiento de Delgado
En sus alegaciones, la Abogacía del Estado señalaba que el Supremo ni siquiera debería entrar a resolver sobre el fondo de esta cuestión porque "la invocación de la libertad individual, el Estado de Derecho, el imperio de la Ley, la independencia de la Justicia y el sistema democrático, que invoca el partido político recurrente, no confiere ningún título que legitime la interposición del presente recurso contencioso-administrativo".
Ante este argumento de los Servicios Jurídicos del Estado, sustentados en la propia jurisprudencia de la Sala, el PP respondió que debería tenerse en cuenta que la labor de Delgado es susceptible de afectarle "respecto de los diferentes procedimientos judiciales en curso" en los que los populares son parte.
El PP y Vox dudaban de su imparcialidad
En la demanda que presentó en el verano de 2020, el PP solicitaba la anulación del Real Decreto-ley por el que se nombró a Delgado al entender que no cumple con los criterios de idoneidad e imparcialidad exigibles para dirigir la Fiscalía debido a que en la anterior legislatura fue ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez.
A ello, el PP suma la "indiscutible militancia material/sustancial" en el PSOE, del que ha sido diputada hasta que dejó el escaño tras ser elegida como fiscal general, defendiendo "los postulados del partido sin matices".
Vox, por su parte, fundamentó su recurso en que el informe emitido por el CGPJ para el nombramiento de Delgado "no puede considerarse válido al no cumplir el trámite preceptivo que imponen el artículo 124.4 de la Constitución Española y el artículo 29.1 de la Ley 50/1981, 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal", ya que "expresamente se ha excluido del juicio de los vocales del Consejo el requisito subjetivo, el atinente a tratarse de una jurista de reconocido prestigio, pues, sobre dicho requisito, pivota el juicio de idoneidad".
Así, solicitaba la nulidad del acuerdo impugnado por infracción del principio de imparcialidad, contenido en el artículo 124.2 de la Constitución, al considerar que Delgado pasó de ser ministra de Justicia y diputada del PSOE a ser propuesta y nombrada fiscal general.