En pleno debate sobre la renovación del CGPJ, encallada desde hace más de dos años y medio por las diferencias entre PSOE y PP, a la batalla política se suma un nuevo flanco judicial. Se trata del acceso a la judicatura, condicionada por un "sesgo de clase", según Unidas Podemos, y sobre el que el Ejecutivo ha propuesto actuar para "democratizar" quién puede permitirse estudiar estas oposiciones.
De media, un opositor a juez o fiscal debe estudiar unos cinco años. Durante este periodo deberá pagar a un preparador, que cuesta alrededor de 150 euros al mes, y los libros que se utilizan. Esto termina provocando que el 99 % de los aspirantes necesiten apoyo económico de su familia, según los datos de la última promoción de jueces en prácticas del Consejo General del Poder Judicial.
La renovación de este órgano para avanzar hacia un sistema en el que los jueces elijan a sus representantes, como piden la mayoría de asociaciones judiciales y partidos como PP o Ciudadanos, levanta suspicacias entre la izquierda, que desconfían del carácter "conservador de buena parte de la judicatura" -en palabras del exvicepresidente Pablo Iglesias- y de un supuesto elitismo en el cuerpo judicial.
Los magistrados lo niegan tajantemente. "No existe un sesgo. El sistema de oposición es objetivo y garantiza que entren los más preparados y personas de cualquier estrato social", asegura a RTVE.es María Jesús del Barco, portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y jueza decana de Madrid. También coincide la progresista Jueces y Juezas por la Democracia, que señala que el sistema de acceso no es "en nada elitista", según su portavoz, Ascensión Martín.
Para Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, "el sistema de oposición tiene un sesgo que hace muy difícil que personas sin ingresos puedan opositar", aunque defiende que hay otras vías de acceso, como el "cuarto turno" que permite a juristas de reconocido prestigio incorporarse al cuerpo judicial mediante un concurso.
"Cualquier familia media en este país puede soportar el coste de opositar, igual que puede soportar los costes de la universidad", reivindica por su parte del Barco. Y para aquellos que no, afirma, el Gobierno debería poner en marcha un sistema público de becas.
Precisamente, este miércoles el Gobierno anunció que los Presupuestos de este año incluirán dos millones de euros en becas para aspirantes a jueces, fiscales o abogados del Estado. Se trata de "puestos de difícil acceso para buena parte de los estudiantes que no se pueden costear esa preparación", según señaló la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación de las cuentas públicas.
Los Presupuestos incluirán becas para el acceso a la carrera judicial
Becas para acceder a la carrera "en igualdad de oportunidades"
No existe actualmente ninguna beca pública para poder opositar a la judicatura, más allá de una ayuda del País Vasco, que otorga 40. También existen becas de las asociaciones judiciales a aquellos aspirantes que acrediten unos ingresos de menos de 30.000 euros anuales, aunque apenas se reparten a 10 aspirantes cada una. Casi el 96% de los jueces en prácticas de la última promoción no dispusieron de ninguna beca.
Desde la administración central la última vez que se convocaron becas fue en 2008, algo que el Gobierno pretende enmendar con su última propuesta. Ya antes del anuncio de Montero, a principios de septiembre la ministra de Justicia, Pilar Llop, propuso un sistema de ayudas para poder acceder a la judicatura "en igualdad de oportunidades".
El proyecto, que recoge una iniciativa del PSOE del pasado verano, aún se encuentra en fase de estudio. Ya existía otra propuesta similar de JJpD, que a finales de 2020, propuso otorgar 150 becas durante cinco años, con una cuantía de 600 euros al mes durante los dos primeros años, 300 el tercero y 150 los dos últimos.
Las asociaciones judiciales ven con buenos ojos la introducción de estas becas y creen, como señala del Barco, que si no se reparten es por la "raquítica inversión" en la Justicia. Ruiz Robledo también lo apoya y plantea también la creación de un "máster de preparación a la judicatura", tras finalizar la carrera de Derecho, como el que ya tuvieron algunas facultades en el pasado. Insiste en que la alternativa, la posibilidad de eliminar las oposiciones, "da pánico", ya que podría dar lugar al acceso de "enchufados".
Recientemente también Unidas Podemos propuso una reforma para crear un "MIR judicial" para terminar con los "sesgos de clase" e "ideológicos" en este campo. Una iniciativa que presentó primero Íñigo Errejón el año pasado. "¿Qué familia puede permitirse diez años de estudios sin becas, sin cobrar ni un euro porque sus estudios son de dedicación exclusiva gastando miles de euros en preparadores y temarios?", se preguntaba el líder de Más País en el Congreso. "Muy pocas y casi siempre de los mismos entornos, y ese sesgo marca de forma definitiva el carácter de la Justicia española", remató.
Ya en 2008 el entonces ministro de Justicia, el socialista Mariano Fernández Bermejo, planteó la posibilidad de implantar este "MIR", que sustituiría a la oposición. Con un sistema similar al neerlandés, los aspirantes a jueces compaginarían seis años de formación con una progresiva incorporación a su actividad.
Un 7% de jueces en prácticas tienen familiares en el cuerpo judicial
Según las estadísticas del CGPJ, un 7% de los jueces en prácticas de la última promoción tienen un familiar magistrado, mientras que un 19,3% tienen familiares que se dedican a otras profesiones jurídicas, un dato al que se remiten las asociaciones de magistrados para negar cualquier acusación de endogamia.
"No diría que es un cuerpo endogámico, el CGPJ pone faltas y abre expediente si hay algún caso de prevaricación. Que hay hijos es evidente, pero no tengo la impresión que sea más endogámico que otros cuerpos de funcionarios, como la diplomacia", subraya Ruiz Robledo.
Otro temor entre la izquierda es el supuesto conservadurismo del cuerpo judicial, formado por 5.320 personas. En España la asociación mayoritaria es la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, con más 1.300 afiliados. La siguiente con más miembros es la centrista Francisco de Vitoria (formada por 874 jueces), seguida por la progresista Jueces y Juezas por la Democracia, con 463 miembros. Por último está el Foro Judicial Independiente, también conservador, con unos 300 afiliados. Sin embargo, el 60% de los jueces no están adscritos a ninguna asociación.
"Partiendo del hecho que son reales, que la mayoría de jueces son conservadores, se quiere deducir que no son profesionales. Y son dos cosas distintas", asegura Ruiz Robledo.
El examen: pruebas teóricas con más de 300 temas
Si la oposición a la judicatura requiere tanto tiempo de estudio y esfuerzo es por la propia dificultad del examen, un modelo que data de 1869. Primero, los aspirantes deben aprobar una prueba eliminatoria tipo test. Después, deben estudiar 325 temas, de los cuales tienen que recitar 10 en dos exposiciones orales ante el tribunal correspondiente.
Si aprueban el examen -lo que no suele ocurrir a la primera-, debe después cursar dos años de formación teórico-práctica en la Escuela Judicial de Barcelona y llevar a cabo unas prácticas en el tribunal asignado.
Martín plantea la posibilidad de "establecer un sistema menos memorístico", además de crear una prueba psicotécnica para los aspirantes a jueces, ya que "la formación del juez exige un equilibrio personal".
En otros países europeos el acceso al cuerpo judicial tiene también pruebas prácticas o bien se tienen en cuenta otros méritos. Por ejemplo, en Países Bajos es necesario superar un examen psicotécnico y después someterse a una entrevista con un comité de expertos. Si se pasa esta entrevista, el aspirante deberá realizar un periodo de formación de seis años.
En países como Francia, Italia o Portugal el modelo es similar al de España. Para acceder a la a Escuela Nacional de la Magistratura gala se han establecido clases preparatorias en "igualdad de oportunidades", donde se tienen en cuenta los recursos del candidato.
La APM rechaza las críticas, y reivindica que esta memorización es indispensable para poder ejercer como juez. "¿Tú crees que una persona puede aprenderse más de 300 temas solo de memoria si no los entiende?", cuestiona del Barco, y reivindica que "hay pocos cuerpos en la administración con tanta preparación". A su juicio, las críticas al acceso a la carrera obedecen a un intento por parte de los políticos de "querer controlar qué jueces acceden y controlar las resoluciones".