La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya ha declarado como investigada (antigua figura de imputada) ante el juez que investiga el 'caso Gali' y ha asegurado que la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, el pasado 18 de abril, se hizo "conforme a la ley" y ha dicho esperar que el magistrado "llegue pronto a la misma conclusión".
A su salida del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, tras más de una hora de declaración, Laya ha dicho a los periodistas que, "con mucha tranquilidad", ha querido dar "todas las explicaciones que puedan ayudar al juez a que llegue pronto a la conclusión" de que "todo se ha hecho conforme a la ley". Algo, ha insistido, que ha "guiado siempre" la actuación de la exministra, según sus palabras. "Eso es lo que he querido transmitirle, espero que lo retenga y que lo haga pronto", ha añadido.
"Es, un poco, el espíritu con el que he querido comparecer", ha proseguido Laya, quien ha insistido en su intención de actuar con "transparencia" y "con mucha tranquilidad".
Su declaración ha sido presencial después de que el juez instructor, Rafael Lasala, desestimara la solicitud de la Abogacía del Estado para comparecer por videoconferencia al considerar que la petición se basaba en una "alusión genérica a los compromisos profesionales" de la exministra "sin una mínima acreditación".
La ministra ha respondido a las preguntas del juez, de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, pero no a las de la acusación popular, que le pedía aclarar si alguien más del Gobierno participó de la toma de decisiones sobre la entrada de Gali. Lo ha hecho acogiéndose a su deber de secreto para no declarar cómo se tratan asuntos internacionales, un deber recogido en la Ley de Secretos Oficiales y en un Acuerdo del Consejo de Ministros de 2010, también sobre secretos oficiales.
Antes de Laya, ha comparecido como testigo el exsecretario general técnico de Asuntos Exteriores, José María Muriel Palomino, aunque no ha trascendido el contenido de su declaración.
Su exjefe de gabinete la señaló como conocedora
La citación de Laya como investigada ha tenido lugar a raíz de la solicitud realizada el pasado 14 de septiembre por el abogado Juan Carlos Navarro, y a la que se adhirió la otra acusación, dirigida por Antonio Urdiales, y se enmarca en una serie de testificales que tiene en el calendario el juez Lasala.
Fue solicitada después de que compareciera también como imputado del exjefe de gabinete de Exteriores Camilo Villarino, quien señaló ante el juez como conocedoras de la entrada de Gali a Laya y a la que fuera directora del gabinete de Carmen Calvo cuando era vicepresidenta primera del Gobierno.
A raíz de ello, las acusaciones pidieron incluir en el procedimiento no solo a Laya, sino las declaraciones de Calvo y su entonces directora de gabinete, María Isabel Valldecabres, así como a la jefa de gabinete del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, Susana Crisóstomo. El juez ha acordado que ambas declaren como testigos el próximo 18 de octubre.
44 días que desataron una crisis migratoria y otra diplomática
Los 44 días que permaneció el líder polisario en España y que desataron una crisis migratoria y otra diplomática
El líder del Frente Polisario llegó el pasado 18 de abril en un avión medicalizado argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche.
La madrugada del 2 de junio salió de España rumbo a Argelia, después de comparecer ante el juez Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. El instructor de la Audiencia Nacional no dictó ninguna medida cautelar al no ver indicios de delito que apuntaran a Ghali.
Su estancia en España desató una crisis migratoria en Ceuta y otra diplomática con el Reino de Marruecos.
Los informes de la investigación
La serie de testificales se suman a los informes que a lo largo de la investigación el magistrado ha reclamado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En el sumario de la causa consta un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional en el que se identifican cuatro documentos de identidad relativos a Ghali obtenidos "legalmente" y "sin que se aprecien indicios de fraude o engaño". Figura también un oficio de la Jefatura Superior de Policía de Navarra en el que se informó que el líder polisario salió del aeropuerto de Pamplona-Noain con destino a Argelia sin pasaporte ni documentación que acreditara su identidad.
Asimismo, consta un texto de la Brigada Provincial de Información de La Rioja de la Policía Nacional con las declaraciones -en calidad de testigos- del coordinador de trasplantes y cuidados críticos del Hospital San Pedro de Logroño y del gerente del centro. El primero aseguró que le pidieron "una cama UCI para un paciente covid" que venía del "extranjero" dos días antes de la llegada de Ghali; y el segundo aseguró que la petición fue realizada por el jefe de la Oficina de Presidencia de La Rioja.
Recientemente, y en el marco de las pesquisas, el instructor ordenó a la oficina Sirene España y a la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad que informasen si cualquiera de los Estados miembros de la zona Schengen habían librado orden europea de detención o de "mera localización a fin de comparecer ante una autoridad judicial" sobre Brahim Ghali a la fecha en la que entró al territorio español.