Unidas Podemos ha registrado este jueves en el Congreso una ley de vivienda alternativa a la que está preparando el Ministerio, en plena negociación con el PSOE de los Presupuestos para el próximo año. La iniciativa, que ha sido impulsada por las organizaciones sociales y apoyada por los socios de Gobierno, redobla la presión sobre los socialistas para que regulen el precio de los alquileres, el gran escollo en las conversaciones sobre vivienda de la coalición desde hace siete meses.
"Hoy es un día histórico porque la sociedad civil presentamos nuestra ley de vivienda. Una ley que el Gobierno se comprometió hace un año a aprobar (...) y de la que el PSOE trata de desmarcarse", ha señalado a las puertas de la Cámara Baja la portavoz del sindicato de inquilinas de Barcelona, Carma Carazo, quien ha estado acompañada por representantes de las principales asociaciones sociales, los sindicatos y nueve partidos, entre ellos Más País, EH Bildu, ERC, la CUP, Compromís, BNG y Coalición Canaria.
Tras meses de retraso y de numerosas discrepancias con sus socios de coalición, el Gobierno ha confirmado que en este trimestre se aprobará el anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda. Entre otras medidas, la norma contempla la ampliación del parque de vivienda pública, la prohibición de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad y la regulación del precio de los alquileres.
Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Podemos vincula los PGE con la ley de vivienda: "Nadie entendería que no se resuelva en esta negociación" - Escuchar ahora
Este último punto es una exigencia fundamental para que la formación 'morada' dé el visto bueno a las cuentas para 2022 y que el Ejecutivo quiere aprobar en el Consejo de Ministros en la primera quincena de octubre. Precisamente este jueves, el secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha vinculado ambas iniciativas en los micrófonos de RNE: “La ley de vivienda es una prioridad política, el año pasado ya se pactó que se incorporasen medidas de regulación de los alquileres. Nadie entendería que no se resuelva en esta negociación”, ha destacado.
A su juicio, los Presupuestos deben ser un punto de inflexión, “apuntalar la recuperación y el empleo, pero ir más allá, dando respuesta a problemas de fondo”. Y, aunque no quiere hablar de líneas rojas, menciona la ley de vivienda, las pensiones y el pago efectivo del impuesto de sociedades para las empresas: “Si queremos reducir las desigualdades no se puede quedar en una declaración de intenciones. Hay que salir de esta crisis con menor desigualdad”, ha recalcado.
Las entidades sociales critican "la negativa" del PSOE
Las organizaciones sociales se han reunido a las puertas del Congreso de los Diputados para presentar la 'Ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada' -como se llama la norma-. Al grito de “no toleramos ni un desahucio más” y “ley vivienda ya”, han criticado "la negativa del PSOE" a dar su apoyo, tal como sí han hecho los otro nueve grupos.
“Exigimos al PSOE que se ponga del lado de la ciudadanía“
"Agradecemos a todos los partidos firmantes su compromiso de defender dentro del Congreso la aprobación de esta ley y exigimos al PSOE que se ponga del lado de la ciudadanía, allanando el camino para su aprobación", ha apuntado la portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado. "Estamos dando un paso de gigante para hacer nuestro país pionero en la garantía efectiva del derecho de la vivienda a nivel mundial", ha añadido Miki Carrera, portavoz del movimiento Nadie Sin Hogar.
La iniciativa registrada plantea poder declarar zonas tensionadas donde la renta media supere el 30 % de los ingresos medios, con el fin de que los ayuntamientos puedan fijar precios máximos en los alquileres. Contempla además prohibir los desahucios sin alternativa habitacional en situación de vulnerabilidad y garantizar los suministros básicos con una tarifa social de agua, gas y electricidad.
El Gobierno prevé tener listo este trimestre el borrador de la Ley de Vivienda
Tras meses de retraso y de numerosas discrepancias con sus socios de coalición, el Gobierno ha confirmado que en este trimestre se aprobará el anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda. La portavoz socialista de Vivienda en la Cámara Baja, Eva Bravo, aseguró la pasada semana que el Gobierno lo ratificará antes de que termine el año, pero que la ley no será aprobada hasta el tercer trimestre de 2022.
En noviembre del pasado año, PSOE y Unidas Podemos acordaron impulsar esta ley y tramitarla en el Congreso en febrero, como condición para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Sin embargo, las negociaciones quedaron encalladas ya que, desde Podemos, exigen la regulación del precio del alquiler en los mercados tensionados mientras que los socialistas son más partidarios de los incentivos fiscales.
No obstante, el pasado mes de agosto el Ejecutivo dio un paso adelante y se comprometió a aprobar la ley de vivienda dentro del Plan Normativo de 2021. En palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, un plan "muy ambicioso", que supondría llevar a cabo antes del 31 de diciembre.
Así, tal como avanzan las negociaciones, las próximas horas se antojan clave: en primer lugar, para ver si el PSOE respalda la iniciativa en el Congreso, ya que debe mostrar su apoyo para la toma en consideración; y, en segundo, para conocer si habrá Presupuestos a comienzos del mes de octubre o si su aprobación se dilatará varias semanas más.