Los seis agentes de la Policía Nacional que accedieron con un ariete en una vivienda el pasado 21 de marzo para interrumpir una fiesta ilegal por la pandemia han defendido ante el juez Jaime Serrat que actuaron "conforme a derecho" en defensa del descanso del ciudadano, han informado fuentes jurídicas a EFE.
El instructor de la causa, titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, ha tomado declaración a los agentes en calidad de querellados por la presunta comisión de un delito de allanamiento de morada y daños por los desperfectos ocasionados en la vivienda.
La actuación, conocida popularmente como "patada en la puerta", abrió un debate en los medios sobre la legalidad de la intervención policial. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió a los agentes porque se trataba de un piso turístico en el que los jóvenes no moraban, sino que celebraban una fiesta ilegal.
Ahora, el juez Jaime Serrat tiene que examinar si la acción policial en este operativo que se produjo cuando había restricciones sanitarias por la pandemia estuvo legitimada dentro del artículo 18.2 de la Constitución, que determina que "el domicilio es inviolable".
Los agentes han ratificado la actuación que recoge el atestado policial, mientras que el inquilino ha certificado ante el magistrado que no dio autorización para su entrada.
Los agentes reiteran que actuaron amparados por la ley
El proceso penal arrancó después de que el instructor admitiera a trámite la querella que interpuso el morador de la vivienda, defendido por el despacho penalista Ospina Abogados, por un delito de allanamiento de morada y de daños.
La citación llegaba después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al juez investigar a los agentes al considerar que se produjo "un exceso en el ejercicio de la autoridad, con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio".
En su declaración, los agentes han reiterado ante el juez que actuaron conforme a derecho y amparados por la ley al considerar entonces que se estaba cometiendo un delito de desobediencia al negarse el inquilino y las personas que estaban celebrando una fiesta ilegal en el interior a identificarse.
La 'patada en la puerta' fue en un piso de alquiler
"Su actuación no estaba amparada dentro de una urgencia"
Frente a su postura, el abogado del inquilino, Juan Gonzalo Ospina, sostiene que los agentes se extralimitaron en su intervención policial dado que no hubo un criterio de urgencia y necesidad para acceder a la fuerza en la vivienda en el caso de que se estuviera produciendo un delito, que a su juicio en ningún caso se produjo y si se hubiera producido sería una infracción administrativa.
"Me llama la atención que sigan ratificando lo que hay en el atestado policial. Su actuación no estaba amparada dentro de una urgencia y una necesidad. Si consideraban que era un delito, que creemos que es un error, no veo que existiera esa urgencia porque el delito se consuma en el momento que no hay voluntad de identificarse y se podía haber ido a Plaza Castilla", ha reseñado.
En su opinión no identificarse ante los agentes, como hicieron los integrantes de la fiesta ilegal, no es un delito, sino una infracción administrativa y por lo tanto los agentes cometieron delito de allanamiento de morada.
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Pero aún considerando que no identificarse fuera un delito grave, los agentes tendrían que haber pedido autorización judicial porque según el estado de derecho español para acceder a una vivienda ante un presunto delito flagrante se tienen que dar los criterios de urgencia y necesidad que establece el Tribunal Constitucional, ha relatado.
El letrado considera que hubo una actuación "desproporcionada" de los agentes, aunque ha incidido en que será el juez el que decida, tras llevar a cabo un interrogatorio a los querellados "muy ajustado a derecho, muy amplio, muy educado y muy riguroso".
Este caso no es el único que investiga un juez por la supuesta entrada a la fuerza de policías en un domicilio que incumplía las normas impuestas con motivo de la pandemia: El juzgado de instrucción número 4 de Madrid investiga también la actuación de doce policías por supuestamente entrar en un piso sin orden judicial el 9 de diciembre de 2020.