El presidente del Senado brasileño, Rodrigo Pacheco, ha rechazado este martes por inconstitucional el decreto firmado una semana atrás por el presidente Jair Bolsonaro mediante el cual prohibía a las redes sociales la "remoción arbitraria" de contenidos, con lo que dificultaba el combate a las fake news (noticias falsas).
La medida también fue suspendida casi simultáneamente por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Rosa Weber, en respuesta a un pedido del Procurador General de la Nación realizado la víspera.
La devolución del decreto ejecutivo al Palacio presidencial fue anunciada por el máximo líder del Senado durante la sesión plenaria de este martes, en la que aseguró que "la mera tramitación de la medida (...) ya es un factor que atenta contra el desempeño de la misión constitucional del Congreso Nacional".
El decreto, que tenía 60 días para ser analizado en el Congreso, fue rechazado por la Cámara alta tan solo una semana después de que fuera sancionado por el líder brasileño para garantizar la "libertad de expresión en las redes sociales".
La medida pierde vigencia de forma inmediata
Con la decisión, la medida perdió la vigencia inmediata que le otorgaba su publicación en el Diario Oficial y que, para este caso, solo duró ocho días.
El decreto ejecutivo buscaba acabar con las remociones "arbitrarias" de contenidos y perfiles de las redes sociales, hechos de los que ha sido objeto hasta el mismo Bolsonaro, que ya ha tenido publicaciones retiradas de internet por contener falsedades.
El decreto pretendía que la retirada de contenidos de las redes sociales solo se diera bajo "justa causa" y que los usuarios afectados pudieran ejercer una "amplia defensa" antes de que cualquier decisión fuera tomada.
Según el Gobierno, la remoción de contenidos decidida solo por las redes sociales perjudica "el debate público de ideas y el ejercicio de la ciudadanía", por lo que se configuraba en "una violación en masa de derechos y garantías fundamentales".
El decreto promueve una "considerable inseguridad jurídica"
En el documento encaminado a Bolsonaro, el presidente del Senado ha señalado que el decreto promueve "cambios inesperados" en el marco regulador de la Internet en Brasil que dan paso a una "considerable inseguridad jurídica", una premisa que ya había sido advertida por el Procurador General de la Nación, Augusto Aras, quien solicitó el lunes a la Corte Suprema la suspensión de la medida.
Bolsonaro figura entre las personas que son investigadas por la Corte Suprema en un proceso referido a "ataques a la democracia" a través de las redes sociales, que ha llevado a la cárcel a varios de sus seguidores.
Los detenidos están acusados de orquestar actos antidemocráticos y de intentar minar la confianza de la sociedad en las instituciones del país.