La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha rechazado que el Gobierno proceda a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) de forma diferenciada según los territorios, tal y como ha propuesto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, porque “no sería conveniente”. El Gobierno ya ha manifestado su intención de que se pueda subir el salario mínimo hasta 19 euros al mes antes de que termine el año y el próximo lunes se reunirá con los agentes sociales para tomar una decisión sobre una subida que prevé aplicar "rápidamente".
En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Montero ha defendido que “hay un tipo de regulación estatal que debe primar en todo el país” ya que permite "vertebrar las realidades sociales” más allá de que luego los convenios colectivos sectoriales “puedan mejorar los datos de base”.
Ha respondido así al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, quien ha abogado por evaluar un cambio legislativo que permita aplicar salarios mínimos interprofesionales (SMI) diferenciados por territorios, para adaptar este indicador a una "España diversa" como ya se hace en la negociación colectiva. En declaraciones a Capital Radio este jueves, ha recordado que la negociación colectiva entre patronales y sindicatos varía en función de los territorios, ya que no aplican las mismas condiciones salariales en el convenio del metal del País Vasco que en otras comunidades.
“No creo que fuera conveniente hacer distintos añadidos (al SMI) en función del territorio”, ha sentenciado sin embargo la ministra, quien ha sostenido que “hay que garantizar que el trabajador tenga unas condiciones mínimas que le permitan llegar a fin de mes” independientemente del territorio en el que viva.
“Empleo dice que la subida diferenciada "tendría efectos devastadores"“
Montero ha ido en la misma línea que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quien se ha pronunciado así este jueves en una rueda de prensa sobre la propuesta de la CEOE: "Creo que esto es por completo ajeno a la tradición jurídica y política de nuestro país y que tendría efectos devastadores en términos de unidad de mercado. Un valor tan reclamado por las organizaciones patronales podría sufrir en términos de un salario mínimo diferenciado por territorios".
La ministra ha ha mostrado su confianza en que se consiga un acuerdo en el marco del diálogo social y ha incidido en que establecer distinciones en el salario mínimo “complicaría más esa negociación de lo que la facilitaría”. También el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, ha defendido en una entrevista en TVE que dado que el empleo y los datos económicos "van bien" es el momento "propicio" para acometer la subida del SMI y ha dicho que espera hacerlo con "consenso".
Por otra parte, la titular de Hacienda ha calificado como "magnífico" el dato del empleo conocido este jueves (82.583 parados menos en agosto) y, "sin caer en la autocomplacencia", ha asegurado que "constata un crecimiento sostenido en el tiempo" y que "estamos saliendo de la crisis económica de forma robusta”. Además, ha descartado que los elevados datos de inflación actuales "vayan a lastrar la recuperación económica" y ha asegurado que "no son un motivo de alarma".
Valora impulsar una comisión parlamentaria sobre el precio de la luz
Montero se ha referido también a los elevados precios de la factura de la luz de los últimos meses y las deducciones fiscales que ha hecho el Ejecutivo para compensarlo (la bajada del IVA al 10% y la supresión al llamado impuesto al sol y al de generación). En este sentido, ha señalado que estas medidas permanecerán hasta el 31 de diciembre de 2021 y, aunque no ha aclarado si las mantendrá en 2022, sí ha dicho que "habrá una política fiscal a la baja" mientras siga el precio de la luz en estos niveles.
Sin embargo, "hacen falta otras medidas de calado" y para ello el Gobierno espera "contar con el principal partido de la oposición", en referencia al PP. Precisamente, ha criticado los "siete años de desidia y despreocupación" del PP en políticas que caminan "en la dirección contraria" a las que ha tomado este Ejecutivo. En contraposición, ha añadido, el Gobierno ya ha tomado "medidas a medio plazo" como la "eliminación de la sobreretribución que tenían algunas energías" y "hay que seguir trabajando".
Montero ha destacado también que las medidas fiscales en esta materia están suponiendo una rebaja en los consumidores de entre un 12% y un 15% en la factura de la luz y ha dicho que el Gobierno "no se cierra a nada" respecto a otras posibles medidas.
Por ello, valora impulsar una comisión en el Congreso "para recibir aportaciones de los políticos" siempre que no sean "populistas", en lo que ha vuelto a lanzar una crítica contra el PP por "escurrir el bulto" pidiendo bajadas fiscales "cuando ya se han hecho". También ha criticado la actitud de sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, desde donde se han apoyado movilizaciones para exigir la bajada del precio de la luz. “No me parece coherente estar participando del Gobierno y alentando a los ciudadanos”, ha reprochado Montero, aunque ha dicho "respetar" la cultura política de cada uno.
Acusa a Ayuso de ejercer “populismo fiscal”
Preguntada sobre el plan del Gobierno de una armonización fiscal entre los distintos territorios, Montero no ha avanzado ninguna medida pero ha recriminado la posición de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien este miércoles anunció que suprimirá los tres impuestos que son de su competencia.
“No se trata de lo que la Administración Pública dejará de recaudar”, ha dicho Montero, que la ha cifrado en tres millones de euros. Ha destacado además que Madrid ha recibido de la mano del Gobierno socialista “la financiación más alta”: 16 millones de euros.
“Lo que preocupa es que se esté ejerciendo un populismo fiscal” que Ayuso lleva “como bandera”, ha criticado. Montero, que ha comparado el “nacionalismo” de Ayuso con el catalán cuando algunos políticos dicen el “eslógan” del “España nos roba”, ha incidido en que ese populismo "es muy malo para la sociedad". Así, ha defendido que el Gobierno central debe combatirlo “a través de la pedagogía fiscal": "Los servicios públicos son garantía de la seguridad de los ciudadanos y con los impuestos se paga una sociedad justa”.
Por eso, ha destacado la importancia de que no se den situaciones en que “un territorio, por ejercer más capitalidad o centralidad, tenga más capacidad económica frente a otros que están obligados a sobreesforzarse para que no haya una fuga de capitales, negocios o personas con ese reclamo fiscal”.
Por último, Montero ha trasladado la intención de Gobierno de tener listo un nuevo modelo de financiación de las carreteras antes de que acabe esta legislatura, con el que prevé convertir el sistema en uno más progresivo para los ciudadanos.