El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha vuelto a rechazar el toque de queda para Barcelona y otros 61 municipios de más de 20.000 habitantes, como solicitó el Govern, al considerar que sería "innecesario y desproporcionado" por la reducción de contagios. De este modo, mantiene el toque de queda solo en los 19 municipios que ya determinó la semana pasada.
La Sala de lo Contencioso rechaza de nuevo la petición que hizo la Generalitat de Cataluña, que el pasado viernes modificó su criterio para pedir el confinamiento nocturno ante la proliferación de aglomeraciones y botellones en las calles, después de que la justicia se negase a avalar la prórroga de esta restricción en 148 municipios y la acotase a 19 localidades de más de 5.000 habitantes con más 250 casos por cada 100.000 vecinos.
Según el TSJC, "parte de los municipios de más de 20.000 habitantes para los que se interesa el toque de queda no alcanzan el índice" de incidencia acumulada en la última semana de 125 casos positivos, por lo que, a su entender, aplicar esta restricción "resultaría todavía más innecesario y desproporcionado".
De hecho, la incidencia acumulada de casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes a siete días (IA7) es este lunes de 122 en Cataluña, aunque crece el número de pacientes hospitalizados hasta los 1.411, un total de 38 más que la víspera, y repunta la velocidad de contagio (Rt), que es de 0,82, una centésima más.
El rechazo del TSJC a ampliar el toque de queda a estos municipios afecta también al área metropolitana de Barcelona, a las otras tres capitales de provincia -Girona, Tarragona y Lleida- y a poblaciones turísticas como Cambrils, Blanes, Lloret de Mar, Salou, Sant Feliu de Guixols o Figueres.
En cambio, se mantiene el confinamiento nocturno en los 19 municipios para los que el TSJC avaló el confinamiento nocturno: Alcarràs, Amposta, Arenys de Munt, Badia del Vallès, Balaguer, Banyoles, Calafell, Celrà, Cervelló, Gelida, Manlleu, Martorell, Montblanc, Móra d'Ebre, Palafolls, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sarrià de Ter y Torroella de Montgrí.
También continúa vigente hasta el próximo jueves, cuando vence la prórroga solicitada por la Generalitat, la limitación a diez del número de personas en reuniones familiares y de carácter social y entre 1.000 y 3.000 asistentes y el 70 % del aforo en los actos religiosos.
Para el TSJC, no hay criterio sanitario
El alto tribunal catalán recuerda en su auto que "el control de las interacciones sociales -como "el fenómeno de botellón"- no es ningún criterio sanitario estrictamente considerado, como una genuina potestad para el mantenimiento de la seguridad y del orden público, cuya naturaleza además no transmuta según las franjas horarias de las relaciones sociales".
Para la sala, "el control de las interacciones sociales no es una medida que deba ser autorizada por Juzgados y Tribunales", ya que la administración "dispone de medios igualmente efectivos y menos lesivos a los derechos fundamentales y libertades públicas" para lograr "hacer respetar las medidas de distancia social y uso de mascarilla".
"La acreditada posibilidad de control de todo tipo de interacciones sociales en horario diurno por la policía administrativa justifica que no resulta indispensable la restricción que a los derechos fundamentales implica el toque de queda, para que se pueda realizar esto mismo en el horario que habría de comprender la prohibición de circulación y deambulación por las vías públicas", enfatiza.
El TSJC recalca que, como ya argumentó la semana pasada, la actual propuesta del Govern -que modificaba su criterio de 250 casos vigente en los 15 días anteriores-, "no era una medida indispensable para salvaguardar la salud pública, ya que constituye en verdad una razón de orden o de seguridad pública".
Precisamente, la Generalitat pretendía con este toque de queda evitar 'botellones' y concentraciones multitudinarias como las vividas este fin de semana en zonas turísticas de la costa catalana y, sobre todo, en Barcelona. En la capital catalana, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana desalojaron las noches del viernes y del sábado a 6.000 y 5.500 personas, respectivamente, sobre todo en las playas de Barcelona y en el barrio de Gràcia.
Aragonès: "Es una cuestión sanitaria"
Tras conocerse el fallo del TSJC, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistido en que su gobierno necesita "medidas para proteger a la población" y que esta medida "no es una cuestión de orden público, es una cuestión sanitaria".
"Necesitamos instrumentos para que se eviten nuevos contagios", ha dicho el presidente catalán, que, acompañado por el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha visitado este lunes el hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí y se ha reunido con sus responsables.
Aragonès ha destacado que "la falta de una normativa especifica en esta materia hace que recaigan en los tribunales materias que son cuestión de las administraciones", y ha criticado que el Gobierno no haya previsto una ley específica. "Veremos el recorrido jurídico que tiene, pero no se puede pedir al gobierno que tenga un plan c, d, f si los tribunales no nos dan los instrumentos", ha señalado.