La banca y los servicios financieros lideran los sectores más denunciados de la federación de consumidores Facua en el primer semestre de 2021, con el 19,4% de las 5.543 reclamaciones tramitadas. Le sigue con un 17% el sector de las telecomunicaciones, que sube un puesto desde 2020, mientras que la energía y la sanidad empatan con un 11%.
"Tras la excepcionalidad que ha supuesto 2020, la banca ha recuperado su tradicional puesto entre los sectores más reclamados por los usuarios", afirma Facua. El año pasado, las aerolíneas ocupaban la primera posición.
El aumento de estas denuncias se debe a irregularidades en hipotecas, cláusulas suelo, Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) y el cobro indebido de gastos de formalización. También ha influido la decisión de aplicar o subir de forma irregular las comisiones que cobran las entidades bancarias.
El segundo puesto de las telecomunicaciones se debe a las subidas ilícitas de las tarifas en servicios de fibra y paquetes integrados, así como denuncias habituales, como son "el alta en servicios que no corresponden con lo ofertado y problemas para darse de baja".
La quiebra de las clínicas Dentix es el motivo principal de que el sector de la sanidad acumule el 11% de denuncias tramitadas por Facua. En el caso de la energía, con el mismo porcentaje, "destacan las denuncias contra compañías eléctricas por facturaciones incorrectas o por acusar sin pruebas a los usuarios de manipular sus equipos de medida".
Además de los 5.543 expedientes de reclamación abiertos en representación de sus asociados, Facua ha recibido 23.194 consultas de los consumidores.
Críticas a las autoridades
La organización nota una "irresponsable falta de actuaciones de las autoridades con competencia en protección de los consumidores a nivel estatal y autonómico". Critica al Ministerio de Consumo, que no ha alertado sobre fraudes masivos por parte de empresas frente a las decenas de denuncias recibidas por Facua.
Destaca que las autoridades de consumo autonómicas poseen competencias sancionadoras, pese a lo que "continúan sin anunciar multas o haciéndolo de forma anecdótica, con la única excepción de Baleares".
Facua señala a "la pasividad de las administraciones competentes" como motivo de que "multitud de empresas se salten la obligación legal de devolver las cantidades pagadas por servicios cancelados o a los que los consumidores no accedieron debido a las restricciones instauradas con motivo de la pandemia".