Estados Unidos ha impuesto este viernes sanciones a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cuba y dos de sus líderes, mientras el presidente estadounidense, Joe Biden, se preparaba para anunciarJoe Biden medidas destinadas a "mejorar la conexión de internet"
En un comunicado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha anunciado sanciones a la PNR, su director Óscar Callejas Valcarce, y su subdirector, Eddy Sierra Arias, por su presunto papel en la represión de las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio.
El anuncio se produjo una hora antes de que Biden recibiera en la Casa Blanca a un grupo de estadounidenses con raíces cubanas, una reunión en la que planeaba anunciar medidas sobre el acceso a internet en la isla y posiblemente sobre el envío de remesas a Cuba, ha dicho a periodistas un alto funcionario estadounidense.
"Vamos a anunciar medidas para mejorar la conexión a internet en la isla, para asegurarnos de que apoyamos la capacidad de la gente de comunicarse entre sí y recibir información, que es algo que debería tratarse como un derecho humano", ha afirmado el funcionario, que pidió el anonimato, en una rueda de prensa telefónica.
Nuevas medidas sobre la mesa
Biden también tenía previsto dar más detalles sobre otros dos temas que ha pedido a su equipo estudiar: la posibilidad de volver a autorizar el envío de remesas a Cuba, prohibido desde noviembre pasado; y el posible traslado de más personal a la embajada estadounidense en La Habana.
El funcionario no ha garantizado que el presidente fuera a dar luz verde este mismo viernes al envío de remesas a la isla, y recordó que la Casa Blanca quiere asegurarse primero de que el Gobierno de la isla no se queda con una parte del dinero, algo complicado de garantizar.
Más sanciones
La de este viernes es la segunda ronda de sanciones que ha impuesto el Gobierno de Biden en relación con las inéditas protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio en Cuba.
El pasado jueves, el Tesoro sancionó al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, Álvaro López-Miera, y a una unidad militar de élite conocida popularmente como "avispas negras" o "boinas negras".
Biden ha asegurado entonces que esas sanciones eran "solo el comienzo" de su respuesta a quienes reprimieron supuestamente las protestas de este mes, y el citado funcionario estadounidense afirmó este viernes que las nuevas restricciones buscan mantener activa "la conversación sobre los derechos del pueblo cubano".
Las sanciones bloquean cualquier activo que Callejas, Sierra o los integrantes de la PNR puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, y prohíbe a quienes estén en Estados Unidos negociar con ellos, sobre la base de la ley estadounidense Magnitsky.
De acuerdo con el Tesoro, durante las protestas del 11 de julio, miembros de la PNR "fueron fotografiados enfrentándose a manifestantes en La Habana y arrestándolos", mientras que en Camagüey "golpearon a un grupo de manifestantes pacíficos, incluidos varios menores" y apaleó además a un sacerdote católico.
A la reunión de este viernes con Biden en la Casa Blanca asisten el cantante cubano Yotuel Romero, cuyo tema "Patria y vida" se convirtió en la "banda sonora" de las protestas populares en Cuba; además del senador demócrata Bob Menéndez y el congresista del mismo partido Gregory Meeks.
También acuden Manny Díaz, exalcalde de Miami (2001-2009); Felice Gorordo, empresario cubano-estadounidense y consejero delegado de eMerge Américas; y Ana Sofía Peláez, cofundadora de la organización "Miami Freedom Project".
Cuba rechaza las sanciones
El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha expresado su rechazo a las sanciones: "Rechazo enérgicamente la inclusión de la Policía Nacional Revolucionaria y sus dos principales jefes en listas espurias de EEUU", afirmó el canciller de La Habana en un mensaje en Twitter.
Rodríguez ha considerado que las nuevas sanciones son "medidas arbitrarias" que "se suman a la desinformación y agresión para justificar el bloqueo inhumano contra Cuba", en referencia al embargo financiero y comercial que EE.UU. impone a la isla desde hace seis décadas, endurecido con nuevas restricciones por la anterior administración de Donald Trump.
Desde que estallaron las protestas el pasado 11 de julio, el Gobierno cubano ha tratado de enfocar la atención en EE.UU. y el embargo, al que atribuye la situación de extrema crisis económica que se vive en la isla.