La retirada de la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont allana el recorrido hacia su extradición, si bien cualquier procedimiento judicial queda todavía condicionado a la decisión de la Justicia europea sobre la euroorden y la posterior actuación que acuerde el juez Llarena.
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha revocado la decisión provisional que adoptó el pasado 2 de junio de concederles temporalmente la inmunidad a Puigdemont y a los otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí, hasta que resolviera sobre el recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de aceptar el suplicatorio que solicitó el Tribunal Supremo.
Este trámite no supone que pierdan su condición de eurodiputados ni que sean extraditados automáticamente, sino únicamente que se puedan reactivar las euroórdenes en su contra que quedaron paralizadas cuando asumieron su escaño como eurodiputados.
El último escollo judicial: la cuestión prejudicial de Llarena
Pero resulta que antes falta resolver un último escollo judicial, que no es otro que la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el juez del Supremo Pablo Llarena para decidir, precisamente, si mantiene o retira la orden europea de detención de los tres procesados por el 'procés' huidos.
Dicho de otro modo, la retirada de la inmunidad para actuar contra Puigdemont y los exconsellers no permite retomar la vía judicial en Bélgica (que decide sobre Puigdemont y Comín) y Escocia (que resuelve sobre Ponsatí) de manera automática, en tanto en cuanto el TJUE no se pronuncie sobre la ejecución de la euroorden.
Llarena acudió a la Justicia europea una vez que las autoridades judiciales belgas denegaron la entrega del exconseller Lluis Puig, porque entienden que el órgano competente para instruir la causa no es el Supremo sino un tribunal catalán y porque su entrega pondría en peligro derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
Un escenario que, de no haber consultado previamente al tribunal europeo, podría haberse planteado con Puigdemont y los exconsellers, ya que hasta la fecha los tribunales belgas y escoceses no han sido proclives a los intereses españoles en ninguna de sus decisiones.
Llarena pidió al TJUE que se pronuncie sobre el alcance de las posibilidades de emisión de una euroorden, así como por las razones para su denegación y con la respuesta decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Puigdemont, Comín, Ponsatí y la secretaria general de ERC Marta Rovira, procesados en rebeldía por los delitos de sedición, malversación o desobediencia.
Las euroórdenes, suspendidas
De hecho, la sentencia de este viernes se hace eco de esta cuestión y recuerda que hasta que no se resuelva la cuestión prejudicial, las euroórdenes dictadas contra los eurodiputados se han suspendido.
"Mientras el Tribunal de Justicia no se pronuncie en el asunto prejudicial, nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas", destaca la resolución.
Pero eso llevará tiempo, dado que el TJUE acordó tramitar la cuestión prejudicial por el procedimiento ordinario y no acelerado como habían solicitado el juez del Tribunal Supremo.
De este modo, ningún país de la Unión Europea les podrá detener y entregar a las autoridades españolas hasta que no se reactiven las órdenes. Una situación que el expresdiente catalán ha recordado en su cuenta oficial de Twitter, poco después de conocer el auto que dictó hoy la justicia europea.
"El relato de cierta prensa española vuelve a ser el mismo que en situaciones precedentes. Un poco de tila y, sobre todo, que se lean a fondo la decisión del TGUE. Las euroórdenes están suspendidas", ha escrito en la red social.