El Consejo de Ministros ha aprobado el límite de gasto no financiero para 2022 o techo de gasto, que se sitúa en 196.142 millones de euros, un nivel récord cercano al del año pasado, en el primer paso para los próximos Presupuestos Generales del Estado.
El techo de gasto incluye la dotación del plan de recuperación, que vehicula los fondos europeos, cuyo importe supone 26.355 millones de euros, según informa el Ministerio de Hacienda. En 2021, el techo de gasto alcanzó el récord de 194.456 millones de euros -por debajo del límite máximo aprobado de 196.067 millones-. Sin contar, los fondos europeos, el techo de gasto sería de 169.787 millones de euros, un 0,7 % más.
En 2021, los presupuestos incluyeron 27.000 millones de euros como adelanto de los fondos europeos, desglosados en 25.000 millones para el mecanismo de recuperación y resilencia y otros 2.436 millones en fondos React, cuyas principales destinatarias son las comunidades autónomas y no se incluyen en el techo de gasto.
La Seguridad Social mejora su financiación con una transferencia del Estado de 18.396 millones de euros en 2022, un 32 % más que lo previsto para este ejercicio, según el documento aprobado.
Senda del déficit
El Ejecutivo tenía previsto revisar las previsiones recogidas en el cuadro macroeconómico para ajustarlas a la nueva situación económica, que desde abril se ha visto afectada por impactos tanto positivos -el avance de la vacunación- como negativos -la quinta ola de la pandemia de coronavirus-.
El Gobierno ha confirmado la senda de reducción del déficit público y mantiene las cifras avanzadas, con una tasa de referencia para el déficit público del 8,4 % del PIB este año y del 5 % en 2022. La ministra de Hacienda ha explicado que en dos años el déficit se habrá reducido más de un 50 %.
María Jesús Montero ha destacado que el Estado acumula el mayor porcentaje de déficit con un 6,3 % este año y un 3,9 % el próximo. Las comunidades autónomas podrán tener un déficit del 0,7 % y del 0,6 %, en 2021 y 2022, que en el caso de la Seguridad Social será del 1,5 % y del 0,5 %, mientras que las corporaciones locales mantienen el equilibrio presupuestario.
El PIB crecerá un 7 % en 2022
Además reitera sus estimaciones de las previsiones de abril, con un crecimiento del 6,5 % para este ejercicio y del 7 % para 2022.
La economía avanza lo estimado, pero cambian sus componentes, las exportaciones mejoran su aportación al PIB con respecto a abril, con 10 puntos porcentuales, ocho décimas más. Por contra, se reduce la contribución de la demanda interna que baja dos décimas del 6,7 al 6,5 % en este ejercicio.
Con respecto al desempleo, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha apuntado que la tasa de paro se mantendrá en el 15,2 % de la población activa en este año y se reducirá hasta el 14,1 % en 2022. En su opinión, es "un dato que ilustra de manera contundente" la buena gestión gubernamental de la pandemia, con una tasa de paro diez puntos inferior a la prevista por los organismos económicos internacionales.
Una vez aprobado el techo de gasto, el Gobierno tendrá que negociar su aval con los grupos del Congreso de los Diputados, el primer hito para los futuros Presupuestos Generales del Estado de 2022 que de acuerdo a la normativa tendrían que llegar a las Cortes antes de final de septiembre.
Las reglas fiscales siguen suspendidas en 2022
La Comisión Europea ha propuesto que las reglas que limitan el déficit y la deuda sigan suspendidas en 2022 y vuelvan a reactivarse en 2023, una vez que las economías europeas hayan recuperado su nivel de PIB anterior a la pandemia.
Con todo, el Gobierno asegura que, a medida que las condiciones lo permitan, la política presupuestaria, que seguirá siendo expansiva el próximo año, se reorientará hacia posiciones fiscales "más prudentes" que reafirmen la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.
La suspensión de las reglas fiscales tiene que aprobarla el Gobierno con el visto bueno de Bruselas y se recoge en los artículos 135.4 de la Constitución y el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Hacienda estudia si hace falta que el Congreso vuelva a certificar, tal y como hizo el pasado octubre, que existe una situación de excepcionalidad que justifique la necesidad de suspender las reglas fiscales y legitime así la decisión del Ejecutivo.