El Gobierno ha acordado este miércoles, en el marco de la reforma de los interinos que se debate en el Congreso de los Diputados, que los trabajadores temporales de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar la fase de oposición, sino únicamente por una valoración de méritos.
Así lo ha avanzado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante su defensa del Real Decreto-ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, que pretende atajar la misma del 30 % actual hasta el 8 %. La norma, que ha suscitado críticas entre los grupos de la oposición, ha estado pendiendo de un hilo hasta el último momento. Sin embargo, el Gobierno y ERC han alcanzado un acuerdo y finalmente ha salido adelante por un voto de diferencia.
El Gobierno saca adelante el decreto de los interinos con la ayuda de ERC
"Hemos llegado a un acuerdo: es fundamental que el artículo del 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) fuera reconocido como norma aplicable en determinados casos", ha señalado la diputada de ERC Pilar Valluguera durante su intervención ante el Pleno, un artículo que habilita la valoración de méritos para el acceso como una posibilidad excepcional.
Dichos cambios se introducirán durante la tramitación del decreto como proyecto de ley y que Montero se ha comprometido a tener definitivamente aprobado antes de que acabe el próximo mes de octubre. "Hemos llegado a un acuerdo con las formaciones políticas para operativizar el artículo del 61.6 del EBEP en los casos en los casos que los interinos hayan permanecido en los puestos de trabajo 10 años y esa plaza no se hayan convocado en las correspondientes ofertas de empleo", ha destacado la ministra.
"Se trata de aplicar la excepcionalidad del EBEP para aquellos que estén ocupando una plaza superior a 10 años y que esa plaza nunca se haya convocado. De manera que este colectivo no tendrá que hacer la fase de oposición", ha aclarado.
La fase de oposición no será eliminatoria
Otro de los apoyos que estaba en el aire era el de Unidas Podemos, socio de coalición del PSOE, que finalmente se ha inclinado por apoyar su convalidación. En este sentido, y tras acercar posturas con el Ministerio de Hacienda, la norma incorporará "de forma explícita" que la fase de oposición podría no ser eliminatoria, según el criterio que marquen las comunidades autónomas.
"Es un hecho que les corresponde en exclusiva a las administraciones autonómicas o locales. Y, a petición de algunos grupos, diremos de forma explícita que la fase de oposición podría no ser eliminatoria", ha anunciado la ministra.
Asimismo, a partir de ahora se estipulan cuatro modalidades de contrato temporal en la administración, entre las que continúan los contratos por vacante y por sustitución, pero en los que se incorpora otra novedad. Así, aquellos que tengan como objetivo ejecutar programas de carácter temporal, el plazo máximo será de 9 meses dentro de un periodo de 18 meses, frente a los 6 actuales en 12 meses.
El personal público interino se concentra contra el abuso de contratos temporales
La ministra ha dicho que es consciente de que "hay determinados servicios que requieren de cierta temporalidad", como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales. "Pueden aparecer situaciones para dar respuesta de forma urgente y, por tanto, se da un periodo de un año justamente para el personal sanitario y educativo para acomodar mejor una norma para este problema para garantizar que los servicios están disponibles", ha apuntado.
Vox anuncia que llevará el decreto al Constitucional
La iniciativa, que se tramitará como proyecto de ley para que los grupos puedan presentar propuestas de modificación a través de enmiendas, ha salido adelante con 170 votos a favor, 169 en contra y 8 abstenciones. No obstante, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ha comprometido a que el proyecto sea definitivamente aprobado antes de que acabe el próximo mes de octubre.
La reforma, que pretende reducir la temporalidad en la Administración Pública del 30 % actual hasta el 8 %, incluye la regularización de 300.000 trabajadores interinos antes del 31 de diciembre de 2024, a través de la convocatoria de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de 3 años, y una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, para quien no supere dichas oposiciones.
Durante el debate, uno de los grupos más críticos con la norma ha sido Vox, que ha anunciado que, si se aprueba el decreto, lo llevará al Constitucional. "Vox no advierte, sino que actúa. Si aprueban este decreto, que tienes visos de ser inconstitucional, Vox actuará", ha señalado el diputado José María Figaredo. A su juicio, el Gobierno "está echando a los interinos a los leones", mientras que "la inseguridad jurídica que está creando es absoluta".