El nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha tendido este martes la mano al Partido Popular para que se siente con el Gobierno a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la cual lleva bloqueada desde diciembre de 2018.
En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, Bolaños ha evitado hablar de una posible rebaja de las mayorías exigidas para renovar el órgano de gobierno de los jueces, una iniciativa que plantearon hace unos meses el PSOE y Unidas Podemos y que el Ejecutivo retiró tras las críticas de las instituciones europeas.
Después de señalar que la voluntad del Gobierno es renovar el CGPJ para "prestigiarlo", ha dejado claro que no puede hacerlo solo porque necesita una mayoría cualificada (tres quintos del Parlamento) y, por lo tanto, "necesita al principal partido de la oposición".
Ha tendido así la mano a los populares y ha defendido la elección parlamentaria de los vocales del CGPJ, un modelo "absolutamente democrático y homologable al de otros países europeos", respetuoso con la Constitución, que lleva en vigor más de 30 años y que ha permitido renovar ese órgano con gobiernos de distinto signo político.
Bolaños ha advertido de que renovar el CGPJ "no es una conveniencia", sino que es lo único que pueden hacer los partidos políticos si quieren cumplir la Constitución, y ha instado al PP y al resto de partidos de la oposición a sumarse al consenso.
Bolaños se ha expresado así un día después de que el líder del PP, Pablo Casado, avisase al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que acudirá de nuevo a Bruselas si cambia las reglas del juego para rebajar las mayorías parlamentarias. Tras asegurar que ese paso pondría en riesgo los fondos europeos, subrayó que el PP no va a permitir que haya "más politización" e instó al Gobierno a "sacar sus manos del Poder Judicial".
Bruselas insiste en el "reto" de la renovación del Poder Judicial en España
Mientras tanto, la Comisión Europea (CE) ha señalado en el segundo informe sobre el Estado de Derecho en sus 27 Estados miembros que la falta de renovación del CGPJ es uno de los "retos" a los que "sigue enfrentándose" la Justicia española.
El informe sobre España hace observaciones sobre el funcionamiento del sistema judicial, sobre la legislación y las prácticas anticorrupción, el pluralismo mediático y el equilibrio de poderes.
"La Justicia española sigue enfrentándose a algunos retos", se lee en la primera línea de las conclusiones de la auditoría, que destaca a renglón seguido que "persiste" la no renovación del CGPJ "a falta de un acuerdo en el Parlamento para renovar una serie de órganos constitucionales".
Sobre esta situación, el informe celebra como "un hecho positivo" que finalmente se retirara la propuesta para reformar el sistema de elección de los vocales porque de salir adelante hubiera "aumentado la percepción del CGPJ como vulnerable a la politización", y recuerda que sean elegidos "por parte de sus pares, en línea con las normas europeas".
"Es importante que se tengan en cuenta las normas europeas y que se consulte a todas las partes interesadas", insiste el informe.
Corrupción política y libertad de prensa
Por otro lado, el informe reconoce que "España sigue mejorando el marco institucional y jurídico para prevenir y combatir la corrupción", pero señala que "no existe una estrategia anticorrupción específica que oriente las medidas preventivas y represivas para luchar de forma integral".
Y pone el acento en que los fiscales señalan que la falta de recursos adecuados afecta a la rapidez de la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción, incluidos los de alto nivel. "La corrupción política de alto nivel, el fraude de funcionarios públicos y los delitos económicos constituyen los principales riesgos de corrupción grave en España", señala la auditoría.
En el capítulo de libertad de prensa y pluralismo de los medios de comunicación, la Comisión describe que el Gobierno está tomando medidas para abordar las cuestiones relacionadas con el acceso a la información, pero también que sigue habiendo cuestiones que resolver sobre la transparencia de la propiedad de los medios.
Así, Bruselas expresa "preocupaciones" con respecto a la independencia y recursos del regulador audiovisual que quedaron de manifiesto cuando España tuvo que trasponer la directiva sobre medios audiovisuales. También destaca casos de partidos políticos que han prohibido a medios o periodistas asistir a sus ruedas de prensa, o que les han atacado públicamente por no compartir sus opiniones.