Desde abril de 2020, Japón ha soportado cuatro estados de emergencia para controlar la pandemia. El último, que afecta a la región de Tokio, está vigente desde el 12 de julio, se extenderá hasta el 22 de agosto y llega apenas tres semanas después de que la capital nipona se tomara un respiro tras dos meses de duras restricciones.
Las fechas elegidas no son casuales, ya que comprenden las dos semanas que duran los Juegos Olímpicos durante las que se mantendrán algunas restricciones para garantizar la seguridad.
Aunque el Comité Olímpico Internacional ha anunciado que más del 80 % de los residentes de la Villa Olímpica ya han sido vacunados contra el coronavirus, la inmunización con pauta completa apenas alcanza al 13 % de la población del país, según las estadísticas de Our World in Data.
Extremando la precaución y la higiene, los deportistas se verán obligados a guardar un periodo de cuarentena a su llegada al país, pero podrán competir si cumplen con una serie de requisitos: deben dar negativo a los test diarios y aceptar un nivel más alto de supervisión de sus movimientos por parte de la organización, que podría incluir geolocalización e incluso vigilancia directa si se consideran necesarias.
42 sedes y tres villas olímpicas para acoger a 11.000 atletas
En Tokyo 2020 hay 206 Comités Olímpicos Nacionales inscritos, a los que hay que sumar el Equipo Olímpico de Refugiados del COI. En total, la previsión es que 11.090 atletas -de los que el 48,8 % son mujeres- competirán en alguna de las 49 disciplinas que componen el programa olímpico de este año, la edición con más disciplinas de la historia moderna de los juegos.
Para acoger las 339 pruebas que se celebrarán en Tokio, la organización ha construido o rehabilitado 42 sedes. Y aunque la mayoría de ellas están en torno a la Villa olímpica, dos se encuentran en Sapporo, a más de 1.000 kilómetros de la capital de Japón.
Con un retraso de un año respecto a su fecha oficial de celebración, los juegos de Tokio 2020 no solo han tenido que afrontar un sobrecoste por la pandemia, sino que tendrán que asumir un beneficio menor que en ediciones anteriores debido a las restricciones para contener los contagios.
La organización estimó el coste de retrasar los juegos en más de 2.300 millones de euros el pasado mes de diciembre. Una cantidad que ha convertido el presupuesto de Tokio 2020 en el tercero con mayor sobrecoste relativo durante el último cuarto de siglo: 7.300 millones de euros más de lo previsto.
Aunque las cuentas aún son provisionales, el comité organizador estima que se han gastado unos 13.000 millones de euros, lo que supone un 126 % más que el presupuesto inicial de 5.780 millones con el que Tokio defendió su candidatura en 2013.
No obstante, según recoge el Council on Foreign Relations de EE.UU., en la historia olímpica hay excesos presupuestarios mayores: Atenas 2004 gastó un 433 % más de lo previsto (elevando el presupuesto de 2.550 a 13.600 millones de euros al cambio actual); mientras que Londres 2012 pasó de 4.250 a 15.300 millones, un sobrecoste del 260 %, con 11.000 millones de euros más de lo esperado.
1.150 millones menos de beneficio por la prohibición de público extranjero
En una situación normal, el país organizador recupera parte de estos costes con ingresos directos -a través de la venta de entradas y la comercialización de los derechos televisivos- e indirectos, con el impulso del turismo. Sin embargo, una parte de estas ganancias ya se desvaneció el pasado mes de marzo.
Fue entonces cuando el comité organizador decidió prohibir la entrada de espectadores extranjeros en Japón, unos visitantes que inevitablemente gastan más que el público local y que devolvieron en torno a 600.000 entradas tras el anuncio oficial.
Los cierres y restricciones por la pandemia de COVID-19 supusieron un desplome del 87 % para el turismo extranjero en Japón, que pasó de recibir a casi 32 millones de visitantes de otros países en 2019 a apenas 4,1 millones en 2020, según datos de la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO, en inglés).
Ante este escenario, un informe reciente del Nomura Research Institute (NRI) estima que el millón de asistentes de otros países que habría llegado a Tokio durante los juegos podría haber dejado en el país unos 1.150 euros por persona. Así, la restricción equivale a renunciar al 70 % del beneficio estimado para esta categoría por el Gobierno de la región de Tokio: 1.150 millones de euros que ya no se gastarán en alojamientos, alimentación y transporte.
Casi 800.000 asientos vacíos por culpa de la pandemia
Por otra parte, el pasado 8 de julio el ministro olímpico de Japón, Tamayo Marukawa, anunció que los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán sin espectadores en las gradas debido a la pandemia. Ni siquiera el público local, cuyo aforo ya se había reducido al 50 %, podrá asistir a las competiciones debido al nuevo estado de emergencia en Tokio.
La decisión dejará vacíos casi 800.000 asientos, muchos de ellos construidos expresamente para esta ocasión, y viene motivada por los últimos datos de la pandemia. Los informes del Gobierno Metropolitano de Tokio sitúan a la capital nipona por encima del umbral de casos que el Ejecutivo considera de máxima preocupación en un momento clave por el temor de que la cita deportiva suponga una expansión de la COVID-19 en el país asiático.
La reducción más drástica afecta al Estadio Internacional de Yokohama, la más grande de las sedes con 72.000 butacas, o al Estadio Olímpico, un espacio originalmente pensado para 68.000 espectadores.
Una pérdida "relativamente pequeña" para evitar el repunte de los casos
Aunque las expectativas del gasto doméstico son inferiores, el centro de estudios japonés NRI estima otra sangría de unos 1.114 millones de euros por la ausencia del público local.
Esta pérdida es "relativamente pequeña" respecto a lo que se podría perder con un nuevo cierre del país por la COVID-19, explica Takahide Kiuchi. El analista económico del NRI y exmiembro del comité de política del Banco de Japón calcula que, incluso si se cancelaran los Juegos y se renunciara al total de 13.600 millones de beneficios previsto inicialmente, el impacto en la economía del país apenas sería del 0,33 % del PIB.
Por el contrario, advierte, un nuevo estado de emergencia nacional sería mucho peor. Y por eso anima a las autoridades a tomar sus decisiones anteponiendo los intereses sanitarios a los económicos: "Si un repunte de los casos por la celebración de los juegos fuerza al Gobierno a declarar otro estado de emergencia, las pérdidas serían sustancialmente mayores".