El titular del Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid, José María Escribano, ha decidido imputar al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, y a la gerente, Rocío Esther Val, en el caso niñera, tal y como le solicitaba la Fiscalía.
En el procedimiento se investiga si la ministra de Igualdad, Irene Montero, uso a una empleada de Podemos -ahora asesora del Ministerio-- como cuidadora de su hija durante la campaña electoral de 2019.
En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, el juez ha acordado oír en declaración en concepto de investigados a De Frutos y Val el próximo 19 de julio a las 10.00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla.
La decisión del magistrado llega después de que la fiscal, Lorena Álvarez Taboada, pidiera que se citase a ambos trabajadores de Podemos en calidad de investigados, "dado que tanto en el caso del delito electoral (por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral) como en el de administración desleal" los dos fueron los que "ordenaron el pago" y, por tanto, "en su garantía deben ser oídos como investigados".
Fuentes de Podemos han indicado a Efe que el procedimiento es "otro montaje más para perseguir a Podemos" y que "está impulsado por los sectores de la judicatura patriótica".
La imputación de Val y De Frutos cuenta con el aval de la Fiscalía que, sin embargo, se opone a que el exlíder de Podemos sea investigado en esta causa. Argumenta que "no existe ningún elemento que acredite siquiera indiciariamente la participación de Pablo Iglesias en hecho delictivo alguno, por mucho que la hija de Irene Montero sea, a su vez hija".
El origen de la causa judicial
Escribano abrió en abril diligencias previas por un presunto delito de administración desleal contra Irene Montero y Teresa Arévalo, asesora de su equipo, para determinar si esta trabajadora realizaba funciones de cuidadora de la hija menor de la ministra pagada con fondos públicos.
En concreto, Arévalo habría acompañado a la entonces candidata y su hija en un viaje que tuvo lugar el 20 de octubre de 2019 a la ciudad de Alicante para participar en un acto electoral y Montero habría dejado a la niña al cuidado de la asesora mientras intervenía en el evento.
El juez inició la investigación sobre estos acontecimientos, al entender que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
La ministra de Igualdad tiene condición de aforada y, por tanto, el órgano competente para investigarla sería el Tribunal Supremo, pero el magistrado libró oficio a la Comisaría del Congreso de los Diputados para notificar la apertura de este procedimiento "a los efectos legales oportunos". El PP pidió investigar en la cámara a Montero pero la Junta de Portavoces rechazó su propuesta.