Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 han aprobado este sábado el mecanismo sobre fiscalidad para multinacionales consensuado el 1 de julio en el marco de la OCDE por 130 países y ahora se centrarán en convencer a los países que aún muestran reticencias para que se sumen.
"Este es el resultado de un esfuerzo común. Espero que los países que no se han sumado cambien su decisión", ha dicho el ministro italiano de Finanzas, Daniele Franco.
En la Unión Europea, Irlanda, Hungría y Estonia, que han atraído durante años la inversión privada por sus tipos tributarios bajos, han mostrado sus dudas para adherirse a este mecanismo, pero el ministro italiano ha confiado en que "cambien de opinión" porque los países del G20 representan alrededor del 90% del producto interior bruto (PIB) mundial y esto "es una presión para el resto".
También la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha dicho en un encuentro con la prensa que los países del G20 intentarán entender hasta octubre las reticencias de Estados como Irlanda, Estonia o Hungría para sumarse al acuerdo global de imposición a multinacionales, pero ha matizado que no es esencial que todos se unan. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha explicado a los medios que la Unión Europea comenzará a trabajar con estos tres países desde "el próximo lunes" en el Eurogrupo en una reunión a la que asistirá Yellen.
24 horas - Los impuestos que pagan y evitan las multinacionales - Escuchar ahora
El acuerdo alcanzado en el G20 es "histórico", según han remarcado los ministros y banqueros en la declaración final, porque tratará de evitar que las multinacionales se alojen en paraísos fiscales y eviten pagar impuestos.
El sistema fiscal se sustenta en dos pilares; el primero concierne a todas las compañías con una facturación mundial superior a los 20.000 millones de euros y con una rentabilidad (relación entre beneficios e ingresos) superior al 10%.
Los países en los que esos grupos obtengan ingresos superiores a un millón de euros (o a 250.000, en el caso de pequeños Estados) tendrán derecho a recibir una parte del impuesto que habrán de abonar. Lo que se repartirá entre ellos es entre un 20% y un 30% del beneficio residual, una vez que el país donde tenga la sede la compañía se haya quedado con el impuesto correspondiente al 10% de la rentabilidad.
El segundo pilar es aplicar un tipo mínimo del impuesto de sociedades de al menos el 15% a las empresas con una facturación de al menos 750 millones de euros. La cifra seguirá siendo objeto de debate, después de que países como Francia, Alemania, Argentina o Estados Unidos hayan pedido que sea más ambiciosa, por encima del 15%.
Por su parte, el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, ha calificado de "gran momento histórico" el acuerdo en el marco del G20 y ha dicho que cuando se alcanzó el consenso "se rompió en un aplauso" en la sala, porque "todo el mundo entendía que algo grande estaba pasando".
Ha indicado que este sistema global acabará con la "competición a la baja" de los países por atraer inversión privada y que permitirá mejorar la situación de las finanzas públicas, algo especialmente evidente con la actual crisis del coronavirus.
Precio mínimo global del carbono
El ministro alemán ha destacado asimismo el entendimiento dentro del G20 para evitar las "prácticas injustas" en el ámbito de la competencia que contribuyan al calentamiento global, para que las empresas en un territorio con una legislación medioambiental más laxa no tengan una ventaja competitiva con respecto a otras asentadas en regiones más estrictas.
En la declaración firmada, los ministros y banqueros del G20 han reconocido la importancia de establecer un precio mínimo global del carbono como una herramienta potencial para abordar el cambio climático y de la coordinación para implementar acciones conjuntas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.
Estas políticas pueden pasar por inversiones en infraestructuras sostenibles y tecnologías que promuevan la descarbonización y la energía limpia.
El G20 también ha mostrado la preocupación por el hecho de que la propagación de las variantes de coronavirus, especialmente la delta, puedan afectar a la recuperación económica mundial, y en este sentido han apostado por acelerar la vacunación en todo el mundo.