El camino para reformar el sistema de pensiones ha arrancado este martes, al menos en una primera fase, tras haber sido aprobado por el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que garantiza su poder adquisitivo, persigue acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal y deroga los aspectos más polémicos de la reforma de 2013: el índice de revalorización de las pensiones, que limitaba su subida anual a un 0,25 % en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. Sin embargo, los puntos más controvertidos han sido aparcados hasta el próximo año.
Así lo ha confirmado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha resaltado que se trata de "un importantísimo proyecto normativo" que recoge medidas "claves" para los pensionistas, "básicamente para su tranquilidad", ha señalado, ya que se van a actualizar por el IPC, una reivindicación a su juicio "justa y largamente esperada y que permite volver al consenso sobre el que creemos que se debe mover el futuro de las pensiones"
La norma, que se prevé que entre en vigor en 2022 tras su paso por las Cortes, es fruto del acuerdo alcanzado la pasada semana con CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme, tras meses de negociación por bloqueos en asuntos polémicos como la derogación del factor de sostenibilidad. "A diferencia de lo que ocurrió con legislaciones del PP, que se aprobaron unilateralmente, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está intentando tejer relaciones con los agentes sociales", ha destacado Montero.
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Aunque la sustitución de este último forma parte de la segunda pata de la reforma de pensiones, prevista para más adelante, Gobierno y agentes sociales se han dado de plazo hasta el 15 de noviembre para negociar un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que operará a partir de 2027 y que se incluirá en el proyecto de ley a través de una enmienda. En el texto también se establece una evaluación periódica cada cinco años en el marco del diálogo social de este nuevo mecanismo.
También quedan fuera de este primer paquete de reformas el cambio del periodo de cómputo de los años trabajados para adaptar el sistema a la nueva realidad del mercado laboral o el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas. Estos puntos serán tratados en la segunda parte de la revisión del sistema de pensiones, que está previsto que se apruebe el próximo año.
Cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo
Con esta reforma se dan cumplimiento a varias de las recomendaciones del Pacto de Toledo, ya que se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con la fijación de un mecanismo estable de revalorización, por el que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. Además, si el dato es negativo, no habrá modificaciones en las pensiones.
Además, con el objetivo de acercar la edad real de jubilación a la efectiva, se implantarán penalizaciones a la jubilación anticipada: por cada mes que se adelante la jubilación habrá una penalización, cuya suma oscilará entre el 2,81 % y el 21 %. Por otro lado, el pacto contempla una bonificación extra de dos puntos, hasta el 4 %, en el pago de la pensión por cada año que se retrase la jubilación.
El impacto financiero de esta primera pata de la reforma será de 2,5 puntos del PIB entre 2048 y 2050, que es cuando el gasto en pensiones sobre PIB alcanzará su máximo debido a la jubilación de la llamada generación del 'baby boom', los nacidos entre los años 50 y mitad de los 70.
Precisamente la pasada semana, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró que este colectivo iba a tener que elegir entre trabajar más o cobrar menos prestación en su jubilación, unas palabras que rectificó posteriormente para añadir que hay que poner el foco en los jóvenes, los hijos de los 'baby boomers', y evitar que soporten el mayor gasto en pensiones que supondrá la llegada de sus padres a la edad de jubilación, pues es una generación más pequeña y "estrecha" y padece "mucha precariedad laboral".
Tanto los sindicatos como la patronal aclararon que las "desafortunadas declaraciones" de Escrivá en relación con los ajustes de la pensión no guardan relación con el acuerdo alcanzado. Este mismo martes el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha destacado en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE que su organización “no va a acordar ninguna medida especial”, pues el problema de la Seguridad Social es “de ingresos, no de gasto” y, por tanto, van a trabajar para que suban las pensiones y para que los jóvenes la cobren “y sean dignas”.
Pepe Álvarez, sobre las pensiones: "Respecto a los 'baby boomers', UGT no va a acordar ninguna medida especial"