El Consejo de Ministros de Sudán ha anunciado este sábado que ha decidido entregar a la Corte Penal Internacional (CPI) a los antiguos dirigentes que ese tribunal reclama acusados de crímenes de guerra en la región de Darfur, entre los que se encuentra el exdictador Omar al Bashir.
“El Consejo de Ministros decidió acelerar el proceso de paz y garantizar la extradición de las personas buscadas por la Corte Penal Internacional,” ha dicho la ministra de Gobierno, Buthaina Dinar, en una conferencia de prensa.
Dinar ha afirmado que el Gabinete tomó esta decisión después de tres días de sesiones en los que se discutieron, entre otro asuntos, un plan de emergencia para abordar la crisis económica y una estrategia para reducir el gasto público, aunque no ha dicho cuándo se produciría esa entrega que, al menos en el caso de Al Bashir, no parece que vaya a ser pronto.
Imagen del 14 de diciembre de 2019 de Omar al Bashir durante un juicio contra él.
La ministra ha explicado que la extradición requiere procedimientos por parte tanto de Sudan como de la CPI, ya que las personas reclamadas están siendo juzgadas por varios casos.
El Gabinete sudanés, encabezado por el primer ministro Abadallá Hamdok, ya había manifestado anteriormente su intención de cooperar con la Corte para "facilitar la comparecencia" de los acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur.
No obstante, no había sido antes tan tajante con respecto a la posibilidad de extraditarlos y se había especulado con opciones como la formación de un tribunal híbrido compuesto por jueces sudaneses e internacionales o una corte especial con supervisión internacional.
Una imagen del primer ministro, Abadallá Hamdok.
El tribunal demandó en 2007 la extradición del expresidente Omar al Bashir, su ministro de Defensa Abdelrahim Mohamed Husein y el de Interior Ahmed Haroun por su responsabilidad en los crímenes cometidos durante la guerra civil que tuvo lugar en Darfur entre 2003 y 2008 y que le costó la vida al menos a 300.000 personas.
Al Bashir, que fue derrocado en abril de 2019, ya ha cumplido en Sudán una condena de dos años por enriquecimiento ilícito y está siendo juzgado actualmente junto con otros 27 imputados por el golpe de Estado que le llevó al poder en 1989.
Además, tiene abiertas varias causas más ante la justicia de su país.
El mes pasado compareció ante la CPI el primer acusado de cometer crímenes de guerra en Darfur, el comandante Muhammad Abd-al-Rahman, que se enfrenta a cargos como el de dirigir ataques contra la población civil, asesinato, violación y traslado forzoso de población.