Un juez peruano ha denegado el reingreso en prisión de la candidata presidencial Keiko Fujimori, al menos mientras dure el proceso contra ella por varios delitos de corrupción que solicitaba la Fiscalía. Aun así, le han sido impuestas severas restricciones que le impedirán reunirse con sus más estrechos colaboradores.
El juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, ha declarado infundada la petición de la Fiscalía pese a reconocer que Fujimori incumplió las normas de conducta impuestas sobre su persona cuando fue puesta en libertad en abril de 2020.
Entre las condiciones para su libertad estaba no reunirse ni comunicarse con otros imputados o testigos del caso. Sin embargo, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) apareció públicamente en reiteradas oportunidades de la reciente campaña electoral con el abogado y portavoz del partido fujimorista Fuerza Popular Miguel Ángel Torres, quien está incluido en el caso como testigo.
Sin embargo, el juez ha indicado que no aceptaba la solicitud para que regresara a prisión pues no se había hecho oficial ningún "apercibimiento" judicial al respecto a la candidata presidencial, tal y como exige la norma.
En ese sentido, Zúñiga ha decretado también que Fujimori deberá seguir "un cumplimiento estricto de todas las medidas restrictivas" que se le impusieron cuando salió de prisión, y ha advertido que "de no hacerlo se dictará nuevamente prisión preventiva" contra ella.
En vilo de la justicia y los resultados electorales
El magistrado ha subrayado que, pese a lo dicho por la abogada defensora de Fujimori, Giuliana Loza, las prohibiciones incluyen ponerse en contacto con cualquier testigo vinculado a los casos por los que es investigada, entre los que se encuentran Miguel Torres y Lourdes Flores, sus más estrechos colaboradores en su pugna por la anulación de más de 200.000 votos emitidos en las elecciones presidenciales del pasado 6 de junio.
Fujimori, que perdió la votación ante Pedro Castillo por algo más de 40.000 votos, ha denunciado la existencia de "fraude en mesa" e "irregularidades generalizadas" por parte de su rival, sin haber aportado sin embargo ninguna prueba fehaciente de sus acusaciones. Torres y Flores han sido piezas clave en su campaña para buscar que la opinión pública y el Jurado Nacional Electoral (JNE) asuman las tesis de ese supuesto "fraude".
El último mes de marzo, tras más de cuatro años de pesquisas, la Fiscalía peruana pidió la apertura de un juicio oral y una pena de 30 años y 10 meses de prisión contra la líder de Fuerza Popular por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Por este caso Fujimori ya había ingresado en prisión preventiva más de un año (octubre 2018-noviembre 2019), logró salir unos meses tras una apelación y luego volvió a la cárcel otros cinco meses en 2020.
Solo una victoria en las elecciones presidenciales evitaría que Fujimori vaya a juicio por esos delitos. Las autoridades electorales peruanas aún deben revisar las peticiones de nulidad impulsadas por Fujimori para que puedan declarar un ganador.
Hasta la fecha, la mayoría de las más de 800 solicitudes presentadas por el fujimorismo en esa maniobra legal para revertir los resultados electorales han sido rechazadas por los jurados electorales por defectos formales, pero también porque no existe prueba alguna que sustente tal petición.