La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aprobado este lunes una resolución que pide la excarcelación de líderes independentistas condenados por el 1-O, así como que se reformen los delitos de sedición, rebelión y malversación, y se retiren las euroórdenes contra Carles Puigdemont y el resto de líderes que salieron del país huyendo de la Justicia.
La votación, que ha salido adelante con 70 votos a favor y 28 en contra, coincide con el día en que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes los indultos a los presos del procés. No obstante, el Ministerio de Exteriores considera "incoherentes" varias de las recomendaciones del informe, "que cuestionan la libertad de expresión de los políticos en España".
El Consejo de Europa es una organización internacional con sede en Estrasburgo que tiene como objetivo principal la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, de la que forman parte todas las naciones europeas, salvo Bielorrusia, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.
A favor de los indultos
A partir del informe '¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?', la organización ha avalado la resolución presentada por el diputado letón Boriss Cilevics, que ha defendido la tesis de que las penas impuestas por el Tribunal Supremo fueron "desproporcionadas" y similares a las que se imponen "por asesinato o violación".
“Aragonès: "Es oxígeno para la resolución del conflicto político entre Cataluña y España mediante la negociación y la democracia. Cataluña se compromete"“
El texto, que reconoce que España "es una democracia viva con una cultura de debate público libre y abierto", anima a las autoridades españolas a que consideren "indultar o de lo contrario liberar de prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017 y las multitudinarias manifestaciones masivas relacionadas con este". Cilevics ha afirmado en su defensa de la resolución que si en su momento se pudo indultar a los responsables del 23-F "por qué no ahora".
"Claro mensaje del Consejo de Europa a la justicia española. Marca el camino para revertir la represión y la causa general contra el 1-O. Es oxígeno para la resolución del conflicto político entre Cataluña y España mediante la negociación y la democracia. Cataluña se compromete", ha afirmado el president de la Generalitat Pere Aragonès, a través de Twitter, al conocer la resolución de la organización internacional.
Contra las euroórdenes y los procesos pendientes
La resolución indica al Gobierno que "considere abandonar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero que están buscados por los mismos motivos".
Del mismo modo, plantea que "se abandonen los procesos pendientes para cargos de rango inferior implicados en el referéndum inconstitucional de 2017 y no se sancione a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que simplemente expresan su solidaridad con los detenidos".
El PSOE había enmendado este punto al considerar que sería contrario a la independencia del poder judicial y a la separación de poderes. "Esto no puede hacerlo el Gobierno porque es una competencia judicial", ha defendido el senador socialista Antonio Gutiérrez Limones, una cuestión en la que se ha insistido también desde el Ejecutivo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha emitido un comunicado en el que considera incoherentes las recomendaciones que instan al Ejecutivo a detener procesos judiciales y extradiciones pendientes, algo que choca con el respeto al principio de separación de poderes.
Reforma de los delitos de rebelión y sedición
La resolución plantea que la reforma de los delitos de rebelión y sedición se haga de forma "que no puedan ser interpretados como para deshacer la despenalización de la organización de un referéndum ilegal, que buscó el Legislativo cuando abolió este delito específico en 2005, o llevar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas". Los socialistas querían cambiar este punto decantándose por "reformar las disposiciones penales sobre rebelión y sedición de tal modo que no puedan llevar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas".
Además, la resolución aprobada por la Asamblea Parlamentaria plantea a las autoridades españolas que se contengan de "pedir a los políticos catalanes detenidos que renieguen de sus opiniones políticas profundamente arraigadas a cambio de un régimen penitenciario más favorable o una posibilidad de perdón", si bien se apunta a que sí se les puede pedir que busquen alcanzar sus objetivos políticos "sin recurrir a medios ilegales".
Además, se invita al Gobierno a que entable "un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas en Cataluña, incluidos quienes se oponen a la independencia, para fortalecer la calidad de la democracia española" mediante el "Estado de Derecho, la buena gobernanza y el total respeto de los Derechos Humanos, sin recurrir al derecho penal, sino en pleno respeto del orden constitucional de España".
En la defensa del texto, la representante de ERC, Laura Castel, ha dicho hablar en nombre de los políticos que están "en prisión y en el exilio". Así, ha defendido que "votar nunca puede ser un delito", sobre todo cuando se hizo "de forma pacífica" y ha pedido que se pida al Gobierno español la amnistía. "El indulto solo es el primer paso", ha sostenido aunque su enmienda ha sido también rechazada. Además, Castel ha denunciado que se usan las instituciones para "perseguir" a los independentistas, a través de "espionaje político" por parte del Ministerio del Interior, "acoso económico" por el Tribunal de Cuentas, "acoso judicial y suspensión de la autonomía catalana".
El PP y Vox defienden las condenas
Tampoco han prosperado las enmiendas formuladas por el PP, que ha insistido en que los políticos independentistas no fueron condenados por ejercer su libertad de expresión sino por sedición y malversación de fondos públicos tras un juicio con todas las garantías. La premisa sobre la que se sustenta el informe, ha dicho la diputada Valentina Martínez Ferro, es "falsa" puesto que "en España no hay ningún político condenado por ejercer su libertad de expresión".
"España es una democracia sólida, un país descentralizado con tribunales independientes y cuya realidad es totalmente distinta y no tiene nada que ver con lo que se muestra en este informe", ha defendido el diputado popular Pablo Hispán.Tanto Martínez como Hispán han aprovechado también para criticar los planes de indulto del Gobierno, recordando que el propio Supremo se ha pronunciado en contra y que los interesados no lo han solicitado e incluso ya han dejado claro que no se arrepienten y volverían a hacer lo que hicieron.
También el representante de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha rechazado los términos del informe y ha preguntado "quién es un diputado letón para atacar la soberanía jurídica de España". El dirigente del partido de ultraderecha no ha podido intervenir en la Asamblea por la organización del debate, pero ha grabado un vídeo a sus puertas en el que incluso rasga los papeles del 'informe Cilevics'.
Varios de los intervinientes españoles han criticado que el informe haya "metido en el mismo saco" a España y Turquía, pese a las diferencias entre los países. Según el Ministerio que dirige Arancha González Laya, "el texto ha evolucionado mucho en las últimas semanas en favor de posiciones más matizadas y respetuosas de la democracia y del funcionamiento del Estado de derecho en España".
No obstante, ha afirmado Exteriores en un comunicado, "persiste el vicio de origen de tratar los casos de España y de Turquía de manera conjunta, y de presumir que los líderes catalanes independentistas pudieron ser procesados por expresar sus ideas. Este prejuicio, aunque finalmente haya sido corregido en el punto 8 de la resolución, sigue asomando en distintas partes del texto y está particularmente presente en el memorándum del relator".
En cualquier caso, la Asamblea ha puntualizado que el Consejo Europeo "respeta plenamente el orden constitucional de España" y ha incluido una mención que "reconoce que España es una democracia vibrante, con una cultura de debate público abierto y libre y donde la simple expresión de puntos de vista a favor de la independencia no es motivo de persecución criminal".