La crisis sanitaria provocada por el coronavirus y la gestión llevada a cabo por las Administraciones sobre las residencias de ancianos acaparan las reivindicaciones de Amnistía Internaiconal (AI) en el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Una jornada en la que la organización ha puesto de relieve las carencias a las que ,a su juicio, se han visto sometidas miles de ancianos en residencias.
14 horas - El problema de las residencias: poco personal y contratos precarios - escuchar ahora
Para revertir la situación, Amnistía Internacional, considera "imprescindible y urgente" que se lleven a cabo modificaciones legislativas que protejan los derechos humanos de estas personas. "Las residencias se han convertido en el triste ejemplo de lo que es una mala gestión y falta de respuesta de las autoridades", asegura el director de este movimiento en España, Esteban Beltrán, que considera que "los recortes presupuestarios y la escasez de personal en la sanidad pública no han hecho sino agravar el olvido sufrido por este colectivo", destaca.
Armonizar la normativa para garantizar la protección
En un comunicado conocido este martes, Amnistía Internacional reclama cohesión sobre centros residenciales en términos estatal, autonómico y local, además exige que se pongan en marcha investigaciones independientes que "evalúen el grado en que comunidades autónomas y el Estado cumplieron con sus obligaciones de garantizar la calidad de atención en las residencias durante la pandemia".
“Es momento de pensar en las personas mayores y de legislar teniendo en cuenta sus circunstancias“
Una medida, prosigue el documento, que permita la puesta en marcha "mecanismos de mejora con evaluaciones periódicas para evitar que esto pueda repetirse en el futuro". Para su director en España, "es momento de pensar en las personas mayores y de legislar teniendo en cuenta sus circunstancias sin olvidar que tienen los mismos derechos que todas las personas", apunta Beltrán.
Asimismo y entre las fórmulas que puedan permitir dar este paso, la plataforma tira de recetario y ha presentado una guía con siete consejosque, indican, pondría remedio a siete faltas "que han provocado el abandono de las personas mayores"
Amnistía Internacional exige "cambios legislativos" para proteger los derechos humanos de los mayores en residencias
Siete carencias y siete recomendaciones con las que mirar al futuro
De entre las principales faltas que observa la organización en la gestión de residencias en todo el país, figuran puntos como la negación de la atención individualizada, un régimen de visitas incumplido o la ausencia de recogida de datos que, explican, "impide realizar un un adecuado análisis de colectivos específicos". Estos asuntos junto a la denuncia de falta de inversión pública (en 2018 el gasto medio de los países de la UE en cuidados de larga duración superó en seis décimas a la inversión española, según datos de Eurostat) y ratios insuficientes (4,7 y 4,7 en 2018 y 2019 frente a los seis de la media de los países OCDE).
Las soluciones pasan, detalla la organización, por explorar vías con las que se asegure la toma de decisiónes médicas basadas "siempre y únicamente en evaluaciones clínicas indivivualizadas", el incremento de recursos y adecuación de plantillas del personal de residencias o trabajar en un modelo que involucre a personas mayores y sus familiares en las decisiones que les afectan.
Situación actual
Pese al avance en la vacunación y la mejora registrada en el funcionamiento de las residencias desde el inicio de la pandemia al momento actual, Amnistía Internacional recuerda que en lo relativo a las visitas todavía "familiares y plataformas de afectados han transmitido que algunas residencias han actuado con discrecionalidad" impidiendo el acceso de estos visitantes a espacios privados de los residentes, como las habitaciones".
Cae en picado la incidencia del covid en las residencias tras la vacunación
Una cuestión, aparentemente, por resolver junto a la más importante de todas ellas, acabar con una crisis sanitaria que a fecha 23 de mayo, según datos del Ministerio de Sanidad, se había cobrado la vida de 29.558 personas que vivían en residencias de mayores a causa del coronavirus o con síntomas compatibles.