Las autoridades judiciales francesas han acusado este martes al fabricante de automóviles Renault de engaño por una investigación de emisiones de diésel lanzada en 2017.
La compañía ha negado en un comunicado "haber cometido delito alguno" y ha recordado que sus vehículos "no están equipados con ningún 'software' de manipulación para dispositivos de control de la contaminación".
Renault deberá pagar una fianza de 20 millones de euros, de los cuales 18 millones se destinarán al posible pago de daños y multas. Además deberá aportar una garantía bancaria de 60 millones de euros dedicados a la "posible indemnización de pérdidas".
Renault afirma que siempre respetó la legislación francesa y europea
En el comunicado, la empresa francesa ha recalcado que sus vehículos no están equipados con programas "de fraude" y ha subrayado que "siempre ha respetado la legislación francesa y europea". "Todos los vehículos Renault siempre han estado homologados conforme a la ley y a las reglamentaciones en vigor", ha aseverado.
La investigación comenzó en enero de 2017 para determinar si los instrumentos que regulan las emisiones de los coches del fabricante francés están programados para ocultar el volumen de contaminación que realmente emite el vehículo.
En 2017, la compañía destacó que no se trata de la misma investigación que se le abrió al fabricante alemán Volkswagen por el trucaje de sus emisiones en los motores diésel. A finales de 2015, el Servicio Nacional del organismo antifraude registró varias sedes de Renault para tratar de confirmar que la marca no utilizaba, como Volkswagen, mecanismos para dar informaciones engañosas sobre los niveles de contaminantes de sus vehículos.