El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la propuesta para distribuir entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla los créditos presupuestarios destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por importe de 100 millones de euros, según ha anunciado este martes la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo.
"Este acuerdo es la plasmación del compromiso del Gobierno con la erradicación de una lacra que se ejerce sobre las mujeres y sus hijos", ha señalado la portavoz del Ejecutivo. En concreto, y tal y como ha explicado Montero, estos créditos debe ser usados para "financiar programas" para la lucha contra esta lacra "promovidos" por las comunidades y por las ciudades autónomas.
El acuerdo irá ahora a la Conferencia Sectorial de Igualdad, órgano en el que participan los Gobiernos autónomos, para su ratificación y en ella se aprobarán los criterios de reparto, atendiendo a la población, extensión geográfica, o necesidades específicas.
"Los fondos que aprobamos hoy salvan vidas. Pero para llegar siempre a tiempo para todas las mujeres también debemos modernizar los protocolos, herramientas y actuaciones para erradicar la violencia de género, y hacer permanente el Pacto de Estado y su financiación", ha apuntado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en un mensaje en Twitter.
Mejorar la atención a las víctimas
Los cien millones anuales sustentan el desarrollo del Pacto de Estado y se destinan a mantener y mejorar las redes y servicios de atención a las víctimas, impulsar su inserción sociolaboral y potenciar los protocolos de coordinación entre las administraciones e instituciones competentes.
Entre las medidas del Pacto destacan también el establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres, el refuerzo de los servicios de apoyo a los menores, de los puntos de encuentro familiar y de las unidades de valoración forense integral y el impulso de la formación especializada de los distintos agentes implicados en la atención de las víctimas.
Irene Montero ha destacado que no se trata de "un mero trámite administrativo", sino de "proteger vidas y erradicar la violencia machista" y ha explicado que desde el Ministerio se lleva a cabo un seguimiento del uso de estos fondos para comprobar el destino específico y su ejecución. "Para acabar con la violencia estructural contra las mujeres necesitamos unidad feminista e institucional", ha enfatizado la ministra de Igualdad.
La portavoz del Gobierno ha reiterado que se están revisando los "protocolos y herramientas para luchar contra la volencia machista", sobre todo tras un mes de mayo negro en el que han sido asesinadas siete mujeres y el hijo menor de edad de una de ellas. En lo que va de año, 17 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Precisamente el último caso de violencia de género se produjo justo este lunes en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón.
"Ocho vidas arrebatadas por el odio y la mezquindad machista. Por personas que entienden que la pareja es de su exclusividad", ha apuntado la también ministra de Hacienda.
En su intervención, la portavoz del Gobierno ha enviado el mensaje a las víctimas de que "no están solas" y ha recordado que el Ejecutivo está ahora "revisando los protocolos y herramientas" que tienen las instituciones frente a esta violencia y que su objetivo es "crear un mecanismo estable y financiado" para que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género perdure más allá de 2022.
Del mismo modo, ha indicado que se está "trabajando sin descanso" para "eliminar los discursos que cuestionan este tipo de violencia". "Queremos acabar con los discursos negacionistas que están poniendo en peligro a las mujeres y menores que necesitan de la protección del conjunto de la sociedad", ha concluido.
Cómo se distribuirán los fondos
La distribución de fondos por comunidades tendrá en cuenta distintas variables como la insularidad (4 millones), su posición como ciudad fronteriza (2 millones), el número de mujeres de cada territorio (42,5 millones), así como el número de mujeres con trabajo temporal o paradas (20 millones), mayores de 65 años, extranjeras y con discapacidad (2,5 millones en cada uno). También se valoran cuestiones como la dispersión poblacional y la población rural, con un reparto de 14 y 10 millones respectivamente.
Así, según los criterios de distribución propuestos por el Gobierno, las comunidades que más fondos recibirán en 2021 serán Andalucía (15,08 millones), Cataluña (12,96 millones), Madrid (10,76 millones), Comunidad Valenciana (8,73 millones), Galicia (7,87 millones) y Castilla y León (7,39 millones).
Le siguen Castilla-La Mancha (6,23 millones), Canarias (5,88 millones), Aragón (4,67 millones), Extremadura (4,61 millones), Baleares (4,11 millones), Murcia (3,42 millones), Asturias (2,86 millones), Cantabria (1,55 millones), La Rioja (1,51 millones), Melilla (1,15 millones) y Ceuta ( 1,14 millones).
Los cien millones anuales sustentan el desarrollo del Pacto de Estado y se destinan a mantener y mejorar las redes y servicios de atención a las víctimas, impulsar su inserción sociolaboral y potenciar los protocolos de coordinación entre las administraciones e instituciones competentes.