El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este martes en que las comunidades autónomas tienen, "junto con el Ministerio de Sanidad", "amplios instrumentos para hacer frente a la pandemia en el estado actual". Ante algunas críticas y dudas por parte de algunos presidentes autonómicos y la oposición por la falta de un marco legal para afrontar la pandemia, ha zanjado: "El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación”.
En una rueda de prensa desde La Moncloa junto con el presidente argentino, Alberto Fernández, Sánchez ha respondido a las dudas de los periodistas sobre la inseguridad jurídica que muestran algunas comunidades tras algunos varapalos judiciales a las medidas para contener la pandemia. El último, este mismo martes, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rechazado autorizar el toque de queda nocturno decretado por el Gobierno de Navarra, por considerarlo desproporcionado.
Sánchez ha respondido que una "ley ordinaria", como piden algunas voces para amparar las competencias de las comunidades a la hora de establecer medidas para contener la pandemia "no va a sustituir nunca la Constitución Española", y ha insistido en que las comunidades tienen herramientas suficientes.
También ha pedido "coherencia a la oposición”: “No puede ser que ahora eche de menos el estado de alarma" cuando "votaron en contra” de la prórroga de seis meses, hasta el pasado 9 de mayo.
El Gobierno apela a la responsabilidad individual: "Nos jugamos mucho"
Después, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha abundado en la idea de que las autonomías "tienen a su disposición una amplísima batería de medidas para seguir afrontando la pandemia y para adoptar las decisiones que consideren oportuno” como decretar los horarios de cierre de los establecimientos.
En cambio, ha recordado que, para medidas como el toque de queda o los cierres perimetrales, que afectan "a derechos fundamentales", precisan del aval judicial. Así, ha defendido que las comunidades pueden recurrir al Tribunal Supremo si "un tribunal superior de justicia no admite o no da la razón a las medidas planteadas", aunque cree que "la gran mayoría de las veces" la justicia "va a avalar" las medidas decretadas. En cualquier caso, ha defendido que esta "tutela" judicial está amparada en la Constitución para garantizar los derechos y las libertades.
El Gobierno confía en el criterio del poder judicial para afrontar la pandemia
Precisamente por ello ha rechazado el 'plan B' jurídico que propone el PP, ya que "deja exclusivamente a los gobiernos la capacidad de poder anular o eliminar los derechos fundamentales", algo que es "inadecuado" ya que no habría "una tutela real y efectiva" por parte de la justicia. Ha acusado también al PP de hacer una "utilización partidista" de la pandemia contra el Ejecutivo.
Por otra parte, ha rechazado la necesidad de otro estado de alarma porque lo peor de la pandemia "ha pasado" y ha recordado que la “alteración sustancial” de esos derechos y libertades que se establecía en el estado de alarma “no podía mantenerse por un tiempo indefinido”. Así, ha defendido que el Gobierno “siempre ha apostado por tenerlo vigente el tiempo estrictamente imprescindible para controlar la pandemia”. En esta nueva etapa, ha proseguido, ha confiado en la vacunación como "la herramienta principal" para afrontar la pandemia.
María Jesus Montero pide "no bajar la guardia" pese al fin del estado de alarma
Aún así, ha advertido de que el fin del estado de alarma no implica "dar por acabada la pandemia", por lo que ha apelado a la responsabilidad individual y a que la población, pese a la "fatiga pandémica", mantenga "todas las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias". "Nos jugamos mucho en los próximos días", ha advertido: "perder a seres queridos cuando estamos atravesando el final del túnel, nos jugamos volver a estresar a profesionales sanitarios depositando en sus espaldas una responsabilidad intensa en los últimos meses" o "poner en peligro el ritmo de la recuperación económica".
El PP urge en un 'plan B': "No puede estar todo el mundo equivocado salvo Sánchez"
Mientras tanto, siguen sucediéndose las críticas por la falta de un marco legal alternativo al estado de alarma.
El PP ha reclamado en boca de sus portavoces en el Congreso y el Senado, Cuca Gamarra y Javier Maroto, que el Gobierno de Pedro Sánchez legisle o permita al resto legislar para articular un plan B jurídico ante el "caos". "No puede estar todo el mundo equivocado salvo el señor Sánchez", advierten, aludiendo tanto a la queja de las autonomías como de grupos que son socios del Ejecutivo.
La solución propuesta por el PP no gusta en cambio a Vox. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha criticado que el PP quiere "levantar fronteras y dar todo el poder" a las autonomías. El partido rechaza "ese juego" porque quiere "los mismos derechos para todos, independientemente del lugar donde residan.
El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, también ha lamentado la situación y ha acusado a Sánchez de dejar de lado sus responsabilidades y dejar "sin sonrojo" la "pelota en el tejado judicial". "No respeta la separación de poderes y está dando un espectáculo lamentable", ha incidido tras advertir de que no tiene ni el apoyo de sus socios.
Los socios de Sánchez le reprochan el "caos jurídico"
Aparte de PP y Vox, la mayoría de los socios parlamentarios del Gobierno han recriminado a Sánchez, el "caos jurídico" que ha provocado tras levantar el estado de alarma sin un paraguas normativo que unificara medidas para todas las Comunidades Autónomas.
PNV, Eh Bildu, Más País y Compromís han lamentado que el presidente del Gobierno haya dejado en manos del Tribunal Supremo la última decisión sobre las restricciones que pueden poner los gobiernos autonómicos, toda vez que también el PP ha acusado al Gobierno de "no legislar ni permitir legislar".
El más severo ha sido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha acusado al Gobierno de cometer un "error" al no legislar y ha afirmado que "ya es inevitable el caos jurídico que se ha causado innecesariamente".
Íñigo Errejón (Más País) y Joan Baldoví (Compromís) han lamentado la falta de liderazgo del Ejecutivo para resolver la desescalada tras el estado de alarma. "El Gobierno tiene que legislar, no le puede pasar la patata caliente a otros", ha aseverado Errejón al tiempo que ha dejado claro que todas las normas que afectan a los derechos fundamentales deben ser sometidas al "control estricto del Congreso". Baldoví, por su parte, también ha pedido responsabilidades a Sánchez y ha avisado de que "no le temblarían las manos para intentar llegar a un acuerdo" con el PP si el Ejecutivo no toma la iniciativa ante un "modelo confuso" que deja todo en manos de los tribunales.
Gabriel Rufián (ERC) ha sido menos crítico y se ha limitado a señalar que le parecen "adecuadas" las medidas que ha adoptado el Gobierno de Cataluña, aunque ha recordado el compromiso adquirido por el Ejecutivo con varios grupos parlamentarios para acordar un plan legislativo alternativo al estado de alarma.
EH Bildu, por último, ha considerado que la "irresponsabilidad" es compartida por las autoridades estatales y autonómicas, y ha incidido en que ha sido "la inacción de unas y otras administraciones" la que ha llevado a la actual incertidumbre. "Que no caigan en la tentación de responsabilizar a la ciudadanía de lo que está sucediendo", ha añadido su portavoz Mertxe Aizpurua.