El déficit en la conservación de las carreteras del Estado alcanza los 8.000 millones de euros. Para revertir la situación, el Gobierno baraja incorporar peajes en la red de alta capacidad, autovías y autopistas, de todo el país a partir de 2024.
El Ejecutivo se ha fijado esta fecha, 2024, basándose en la experiencia internacional porque la medida debe ser estudiada, aprobada y aplicada. Un proceso que podría suponer implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado en tres años.
En un primer momento, el Gobierno de Pedro Sánchez espera llevar a cabo una campaña de "concienciación y sensibilización" sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida. Aun así, el uso de peajes en las autovías y autopistas de España está incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.
No obstante, el Gobierno insiste en que buscará el acuerdo social y político para implementar esta red de cobros. La medida sería consultada con los transportistas profesionales, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones para determinar la voluntad de todos de incorporar peajes en las carreteras bajo su titularidad.
Respecto a los camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, el texto aclara que se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores. Este proceso permitirá incentivar "la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte", según apunta el Ejecutivo.
“Los peajes permitirán incentivar la búsqueda de la sostenibilidad en el transporte“
En este sentido, el Gobierno se escuda en varios elementos para justificar esta medida, siendo la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto de la carretera sobre el medio ambiente y la eficiencia del transporte algunos de ellos.
Un déficit de 8.000 millones de euros en conservación
Actualmente, la red estatal supera los 26.466 km de extensión, de los que unos 12.000 km son carreteras de alta capacidad. La más extensa de Europa. El Ejecutivo señala que los costes de conservación son crecientes y que no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios, lo que está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como un deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial.
Por ello, entiende que imponer un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, generar incentivos hacia una mayor eficiencia de este modo de transporte y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de los vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, se prevé impulsar las condiciones normativas necesarias para que el coste de esta medida sea asumido por los cargadores.
Con estos peajes en las autovías, se pretende dotar al sistema de un mecanismo para garantizar su sostenibilidad financiera, introducir incentivos a los vehículos más sostenibles y eficientes. Otros de los objetivos que se persiguen serían internalizar los costes externos ligados a factores como el impacto medioambiental (contaminación, ruido, ocupación del espacio), congestión o mantenimiento de las infraestructuras, según Europa Press.
Tras las directrices apuntadas por Europa en el marco de la última gran crisis financiera, Portugal introdujo peajes en toda su red de alta capacidad, no solo para vehículos pesados, como requería Bruselas, sino también en los particulares de los ciudadanos. En España, lejos de introducir peajes, las políticas han ido en sentido contrario y la liberalización del pago de las autopistas. La implantación de un peaje medio en España de 4 céntimos por kilómetro supondría un pago de 9 euros para ir desde Madrid a Burgos, de 12 euros para viajar entre la capital y Zaragoza, de unos 14 euros para ir hasta Valencia.