La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado este martes que los cuerpos de seguridad de Colombia han ejercido un "uso excesivo de la fuerza" durante las protestas contra una reforma tributaria del Gobierno, que ya ha sido retirada por el presidente, Iván Duque, en las que se han registrado al menos 19 muertos y 800 heridos.
La mayoría de las muertes se han producido en Cali, aunque la oficina de la ONU también ha recibido noticias de decesos en otras zonas del país como Tolima, Perire, Soacha, Cundinamarca, Ibagué y Risaralda.
La Unión Europea ha condenado la violencia de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y ha pedido que se lleve ante la justicia a los responsables de la represión. Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, ha llamado "a la calma, al cese de violencia y el diálogo".
Las fuerzas de seguridad emplearon “munición real”
La portavoz de la Oficina de la ONU para Derechos Humano, Marta Hurtado, ha afirmado que responsables de la misión de la agencia en Cali “han sido testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía” y que las fuerzas de seguridad "utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones, en el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes en las protestas también han sido violentos".
Asimismo, la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette Rivero, ha denunciado disparos y agresiones por parte de la Policía contra integrantes de uno de sus equipos. "Mientras dábamos seguimiento a la situación de los Derechos Humanos en Cali no hubo disparos directos contra el equipo ONU Derechos Humanos", ha indicado a través de su cuenta en Twitter. "Sin embargo, otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la Policía, sin que nadie resultara impactado", ha detallado.
La oficina general en Ginebra, que encabeza la Alta Comisionada Michelle Bachelet, se ha mostrado "profundamente alarmada" por el "terrible incidente" de Cali, sobre el que asegura que aún intenta "verificar el número de víctimas" causadas por la actuación de la Policía, y ha pedido calma de cara al llamamiento general a nuevas manifestaciones para este miércoles.
La UE condena la violencia
La Unión Europea ha condenado este martes la violencia de las fuerzas de seguridad "que apuntan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión". "Es muy importante que se respeten estos derechos", ha recalcado el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano.
Asimismo, Stano ha pedido poner fin a la escalada de la violencia y ha expresado la "confianza" del bloque en las instituciones de Colombia para "investigar y llevar a la cárcel a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos".
Cuarta jornada de protestas violentas en Colombia contra la reforma fiscal del Gobierno
Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores española ha afirmado que sigue "con gran preocupación" las protestas que se están llevando a cabo en diversas ciudades colombianas y ha llamado a las partes a "bajar la tensión, a la calma, al cese de la violencia y el diálogo como manera de reconducir la situación".
El nuevo ministro de Hacienda se compromete a alcanzar consensos
Las protestas contra la reforma tributaria ya retira por el mandatario colombiano provocó este lunes la dimisión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El nuevo responsable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, ha reafirmado este martes su compromiso de formar consenso con todos los actores sociales de Colombia para elaborar una reforma tributaria que recaude al menos 14 billones de pesos (alrededor de 3.000 millones de euros).
El ministro ha subrayado que el Gobierno colombiano se enfrenta a un déficit fiscal "significativamente alto", debido a la inversión "gigantesca" realizada para apoyar programas durante la pandemia, que generó una deuda pública por encima del 65% del Producto Interior Bruto (PIB).