El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) ha sido inhabilitado este viernes para ejercer cualquier cargo público durante diez años por el Congreso de Perú por haberse vacunado el año pasado en secreto contra la COVID-19.
La decisión la ha tomado el pleno del Legislativo tras someter a Vizcarra a un juicio político, que se resolvió por 86 votos a favor y sin ningún voto en contra ni abstenciones.
El Congreso también ha inhabilitado durante 8 años a la exministra de Salud Pilar Mazzetti, con 83 votos a favor, y por 1 año a la excanciller Elizabeth Astete, con 82 votos a favor.
Esta decisión impedirá, en principio, que Vizcarra sea parte del Congreso que se instalará este 28 de julio para el período 2021-2026 tras las elecciones del pasado domingo.
El "Vacunagate"
Vizcarra, Mazzetti y Astete fueron sometidos al juicio político en el marco del caso "Vacunagate", como se denomina a la inmunización en secreto de, al menos, cien personas que no estaban vinculadas al ensayo clínico que hizo el año pasado el laboratorio chino Sinopharm en el país.
En el caso de Vizcarra, la acusación sostuvo que mintió al asegurar que fue voluntario del ensayo y cometió infracciones constitucionales cuando era el funcionario de mayor rango al servicio de la nación. Mazzetti y Astete, quienes fueron ministras del actual gobierno de transición que preside Francisco Sagasti y renunciaron tras destaparse el caso, también fueron encontradas responsables de infracciones a la Constitución peruana.
Las razones del Congreso
Durante el debate de la petición de inhabilitación, que se ha centrado en Vizcarra, la mayoría de los congresistas han acusado al exgobernante de corrupto, varios aseguraron que debería ser inhabilitado de por vida e incluso alguno sostuvo que debía ser fusilado.
Los legisladores lo han responsabilizado por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 en su país, que actualmente reporta cerca de 1,7 millones de casos y más de 56.000 fallecidos, además de una severa crisis económica.
Incluso el congresista Omar Chehade, de la opositora Alianza para el Progreso, ha admitido que el objetivo de la inhabilitación era impedir que el exmandatario acceda al Parlamento, al afirmar que "Vizcarra no puede pisar un día más el Congreso de la República".
La petición se ha debatido después de que la Comisión Permanente aprobara el pasado 8 de abril un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que sostuvo que los tres ex altos funcionarios incurrieron en infracción constitucional al haberse vacunado, en distintos momentos, de manera secreta y mientras el país afrontaba el peor embate de la pandemia.
Vizcarra acusa al Congreso de haber perdido legitimidad
Ni Vizcarra ni su abogado han acudido este viernes a la sesión del Congreso, aunque el exgobernante ha denunciado en sus redes sociales que el pleno estaba incurriendo en el delito de abuso de autoridad.
Ha asegurado que este se cometió al continuar con la sesión de inhabilitación sin permitirle ejercer su derecho a la defensa y violando el debido proceso, ya que él no estuvo presente.
"El Congreso no está por encima de las leyes y la Constitución", ha remarcado Vizcarra, quien señala que este proceso es un acto de "venganza" y persecución política en su contra.
El exmandatario, quien defiende su derecho constitucional a ser elegido, ya ha presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial de su país y también una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).