La llegada de familias enteras y menores no acompañados a la frontera sur de Estados Unidos, en plena pandemia, está complicando las cosas para la administración Biden, que debe hacer frente a la falta de espacio y de instalaciones adecuadas.
Aunque las organizaciones no gubernamentales que atienden a los niños se resisten a hablar de crisis, las primeras imágenes de la acogida de inmigrantes de la era Biden muestran a menores hacinados y durmiendo en el suelo en un centro Texas.
Centro de detención de migrantes en Texas. Oficina del Congresista Henry Cuellar vía AFP
"La situación con los niños sí es seria y no es tanto por el aumento de los números", ha declarado a Efe el director ejecutivo de Hope Border Institute, Dylan Corbett, en El Paso.
"Lo que estamos viendo es que no hay espacio, es una cuestión de espacio", ha añadido Corbett, que pide que el asunto "no se politice". Algo difícil ya que Donald Trump no ha dejado pasar la oportunidad de criticar la política migratoria de su sucesor.
Las cifras no son precisas y se habla de "centenares" de menores bajo custodia de la Patrulla Fronteriza o en distintos albergues habilitados en la ciudad de El Paso, que ronda los 900.000 habitantes. La pandemia y el cierre de fronteras ha obligado a reducir el contacto con Ciudad Juárez, su vecina en el lado mexicano de la frontera.
"Hemos visto estas cifras bajo el Gobierno de Trump. No es algo que no podamos gestionar, somos capaces si hay voluntad política y si trabajamos juntos como comunidades fronterizas con el Gobierno federal", ha añadido Corbett a Efe.
Menores migrantes no acompañados en Donna, Texas. Foto facilitada por la Agencia de Protección de Fronteras (CBP). Jaime Rodriguez Sr/CBP/via REUTERS
Diferencia trato a las familias
La oleada migratoria está provocando serios problemas a la administración, que generan además diferencias de trato e inseguridad jurídica. Mientras muchas familias están siendo expulsadas a México de acuerdo con una orden de salud pública de la era Trump, a otras se las ha dejado en libertad en el interior del país, informa Reuters.
La agencia cita datos internos de la agencia de Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en Inglés) según los cuales solo el 15% de las familias interceptadas en la frontera el 17 de marzo fueron expulsadas. Reuters cita también a agentes de la patrulla fronteriza en el valle del Río Grande, que hablan bajo anonimato, y que aseguran que se está poniendo en libertad a familias sin citación para expulsión.
La portavoz del Departamento de Seguridad Interior, Sarah Peck, subraya que "un día o una semana de estadísticas no muestra el cuadro completo", y que la política sigue siendo expulsar a las familias. "En situaciones donde la expulsión no es posible debido a la incapacidad de México para recibirles, se les abre proceso de traslado", añade.
Precisamente por esta incapacidad de México para absorber a los expulsados, la administración estadounidense ha anunciado un contrato de 86 millones de dólares para albergar a familias migrantes vulnerables en hoteles, mientras se tramita su acogida o expulsión.
"Hay mucha confusión, porque no hay una decisión dura y rápida" cuando se trata de familias, ha explicado Charlene D'Cruz, miembro de la Asociación de Abogados por el Buen Gobierno y directora del programa Corazón, que intenta proteger los derechos de los migrantes. "Parece una decisión tomada ad hoc", añade, es decir, dependiendo de cada caso.
Ante la ola migratoria, el propio presidente Biden, así como su secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, han enviado un mensaje claro a todos aquellos al sur del Río Grande que sueñan con entrar en Estados Unidos: "No vengan".