La Mesa del Congreso, con apoyo del PSOE, PP y Vox y el voto en contra de Unidas Podemos, ha rechazado este martes admitir a trámite la ley de amnistía que registraron los partidos independentistas catalanes para beneficiar a todos los procesados y condenados por el proceso independentista del referéndum del 1 de octubre de 2017.
La Cámara sigue así el criterio de los letrados, que según el informe desaconsejó tramitar esa iniciativa en la medida que, al suponer un indulto generalizado, "entraría en una contradicción palmaria y evidente" con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que impide autorizar indultos generales. La última amnistía se aprobó en 1977, precisamente como paso previo a las Cortes Constituyentes.
Esta ley fue registrada la pasada semana por Esquerra (ERC), Junts, la CUP y el PDeCAT, que ya habían prometido presentarla antes de la disolución del Parlament. La iniciativa pretende amnistiar "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado", desde el 1 de enero de 2013, lo que incluiría, además del 1-O, a los condenados por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
Aunque tanto el PNV como Compromís estaban dispuestos a apoyar su tramitación, desde la parte socialista del Gobierno ya se había advertido de su inconstitucionalidad. La propia portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ya avanzó su voto en contra alegando que no tenía encaje en la constitución.
Los partidos independentistas recurrirán el veto
Estos partidos independentistas han anunciado que presentarán un recurso ante la Mesa del Congreso para que reconsidere su negativa a tramitarla, decisión que para el portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, convierte a este órgano "en un mini Tribunal Constitucional".
En una rueda de prensa, Rufián ha denunciado que la decisión adoptada supone una "terrible noticia para la democracia" porque implica la imposibilidad de debatir un asunto que "aglutina un consenso muy importante en la sociedad catalana". Además, ha recriminado al PSOE que una vez más "se alinee con lo peor de la política española: la derecha y la ultraderecha".
Por su parte, Miriam Noguera (JxCat) ha cargado también contra los socialistas, calificando al Gobierno de "involucionista" y asegurando que la vía del diálogo sobre Cataluña "está muerta". Desde la CUP, su portavoz, Mireia Vehí, ha criticado al PSOE por "aliarse con el PP y Vox" para impedir el debate y ha recordado que la Constitución no prohíbe los indultos generales, pero, según parece -ha dicho- se puede amnistiar a corruptos "pero no a los que ponen urnas o protestan por derechos democráticos".
La consellera catalana de la Presidencia, Meritxell Budó, ha pedido un "cambio radical de actitud" al PSOE y al Gobierno central para poder abordar desde el diálogo una resolución del conflicto catalán. "El PSOE no falla nunca. Sabíamos que esta vez tampoco fallaría a la hora de alinearse con PP y Vox", ha ironizado la consellera, que considera una "mala señal" esta actitud de los socialistas de cara al diálogo con el Estado para resolver la cuestión catalana.
Una "solución política" para un "problema político"
Desde Unidas Podemos, su portavoz Pablo Echenique ha dejado claro que han votado en contra del criterio de los letrados porque "no son el Tribunal Constitucional". Además, ha confiado en que el Gobierno de coalición "siga caminando por la vía del diálogo", pues "ese compromiso es firme por parte de los dos socios", y espera seguir hablando con ERC, "como socio importante, para mitigar el conflicto político que existe en Cataluña".
Por otro lado, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha mostrado su sorpresa por ese rechazo porque no cree que la Constitución prohíba una Ley de Amnistía ni cree que su debate en el Congreso sea "inconstitucional"y amnistía y ha explicado que a diferencia con lo que ocurre con los indultos, la amnistía mantiene los antecedentes penales.
La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha dicho que la inadmisión a trámite es "una más" en esta misma línea de hacer "caso omiso a la voluntad popular", insistiendo en que la crisis de Cataluña es un problema político y, por tanto, necesita de una solución política, algo que también ha defendido el diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien ha pedido al Gobierno ser "valiente" y apostar por esta vía.