La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez ha sido detenida este sábado, ha confirmado el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo Del Castillo Del Carpio, en un mensaje en Facebook.
"Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía", señaló Del Castillo sin dar más detalles.
Jeanine Áñez ha sido trasladada bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz, donde Del Castillo Del Carpio, señaló que en ningún caso se está haciendo algún tipo de persecución política.
Áñez fue detenida en Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, en un operativo encabezado por el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, y trasladada a La Paz en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana, acusada de los supuestos delitos de sedición y terrorismo durante la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
Minutos después de que Del Castillo confirmara su detención, Jeanine Áñez denución que "en un acto de abuso y persecución política" el Gobierno del MAS la había "manado arrestar".
"Me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos", añadió la expresidenta interina en su cuenta de Twitter.
La misma Áñez reveló en sus redes sociales la orden de arresto en su contra y contra varios de sus excolaboradores.
"La persecución política ha comenzado. El Movimiento al Socialismo (MAS) ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones", ha dicho Añez en su cuenta de Twitter.
Orden de detención contra Áñez y varios exministros
La Fiscalía también activó la orden de detención contra cinco exministros: Arturo Murillo (Gobierno), Yerko Núñez (Presidencia ), Fernando López (Defensa), Álvaro Guzmán (Energía ) y Álvaro Coímbra (Justicia ). Estos dos últimos ya han sido apresados.
Todo ellos han sido acusados de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por su posible participación durante las violentas revueltas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año, incluyendo las masacres de Sacaba y Senkata, y que propiciaron la renuncia de Morales a su victoria y su salida del país rumbo primero a México y luego a Argentina.
Estas órdenes de arresto parten de la denuncia que hizo en diciembre de 2020 la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty ante el Ministerio Público en contra del exlíder cívico boliviano Luis Fernando Camacho, su padre, José Luis Camacho, y excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.
"Es la práctica "socialista", mienten sin ruborizarse, reescriben historias para justificar abusos. No fue golpe, fue sucesión constitucional debido a un fraude electoral. Renunciaron quienes no se atrevieron a recibir un país convulsionado ya que el principal responsable huyó", escribió horas antes Añez en Twitter.
Persecución política
Luis Fernando Camacho, virtual gobernador de Santa Cruz, e implicado en la denuncia, ha dado a conocer este viernes una carta dirigida al presidente Luis Arce en la que le pide que "deje de hacerse de la vista gorda y cese el amedrentamiento y la persecución e inicie el trabajo conjunto por la salud, el empleo y la economía de Bolivia".
Otros sectores de la oposición boliviana también han denunciado lo que consideran un "proceso de persecución" por parte del MAS y han tildado de "tirano" a Evo Morales.
"Estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras. Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019. El poder judicial y la fiscalía masistas son el martillo ejecutor", ha dicho el expresidente Carlos Mesa.