La Fiscalía General de Brasil ha presentado este viernes una apelación contra el fallo del juez del Tribunal Supremo a principios de esta semana que anuló las condenas de prisión del expresidente del país Luiz Inácio Lula da Silva.
La apelación deberá ser juzgada por el pleno del Tribunal Supremo, que cuenta con once magistrados, y en ella estarán en juego las penas de cárcel contra Lula y sus derechos políticos, que el exmandatario recuperó tras el fallo que anuló las sentencias y que le permitirían presentarse como candidato a las elecciones de 2022.
El juez Edson Fachin decidió anular cuatro procesos contra Lula, en dos de ellos el expresidente fue condenado a penas que sumaban 26 años de prisión por delitos de corrupción en el ámbito de la operación Lava Jato.
Preservar "la estabilidad procesal y la seguridad jurídica"
La Fiscalía ha señalado en su demanda presentada ante el Supremo que las condenas de prisión contra Lula da Silva deben mantenerse para preservar "la estabilidad procesal y la seguridad jurídica".
Además, la demanda sostiene que en las cuatro condenas que han sido anuladas, en dos de las cuales ya había sentencia, había una relación con las corruptelas en la petrolera estatal brasileña Petrobras, ya que trataban sobornos supuestamente recibidos por el exmandatario de empresas constructoras que obtuvieron contratos con la petrolera de forma fraudulenta.
La Fiscalía también subraya que, en caso de que sus argumentos no sean aceptados, el Tribunal Supremo remita a la justicia federal de la capital los dos casos en los que no ha habido condena y ratifique los otros dos, y ha pedido que "en la hipótesis de no aceptar ninguno de esos pedidos, los procesos sean enviados a la Sección Judicial de Sao Paulo, en la medida en que los casos en cuestión se refieren a casos y valores relativos a inmuebles y al instituto con sede en ese estado".
Anulación de las condenas contra Lula
El juez del Tribunal Supremo Edson Fachin decidió este lunes anular las cuatro condenas contra el expresidente brasileño, basándose en que Lula fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del juez Sergio Moro, quien según Fachin no contaba con la "competencia jurídica" para analizar los casos.
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Con la decisión de Fachin, Lula recupera sus derechos políticos, que perdió en 2018 después de confirmarse una de las condenas en su contra y que han sido anuladas por el juez del Supremo, y podría presentarse como candidato en las elecciones presidenciales previstas en el país para 2022.
Víctima de la "mayor mentira jurídica en 500 años"
Durante su primera comparecencia pública tras la decisión del juez del Supremo y la primera desde que comenzó la pandemia de la COVID-19, Lula da Silva aseguró que ha sido víctima de "la mayor mentira jurídica en 500 años" de historia del país, aunque subrayó que no guardaba rencor a nadie.
"Si hay un brasileño que tiene razones y muchos y profundos rencores soy yo, pero no tengo, porque el sufrimiento que está pasando el pueblo brasileño, las personas pobres en este país, es infinitamente mayor que en cualquier crimen que cometieron contra mí", manifestó Lula.
En sus declaraciones, el expresidente también pidió a los brasileños que no sigan "ninguna decisión imbécil" del mandatario, Jair Bolsonaro, sobre la pandemia. Lula también afirmó que Bolsonaro está más preocupado de que "el pueblo tenga armas". "El pueblo no está precisando de armas, está precisando de empleo, salarios y libros", añadió.
Una campaña basada en "críticas, mentir y desinformar"
Bolsonaro respondió a las críticas del exmandatario señalando que Lula da Silva "inicia ahora su campaña" para las próximas elecciones presidenciales y que ésta se basa en "críticas, mentir y desinformar", como "es regla del Partido de los Trabajadores (PT)".
Además, el mandatario ha indicado que la vuelta del PT a la presidencia llevaría a la corrupción. "Imagínense la pandemia con Lula como presidente. Al menos el 90% de lo entregado sería robado", arremetió.