La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha reivindicado este martes la labor de la Administración tributaria y de sus trabajadores ante el "daño" que a su juicio está produciendo las acusaciones de "inacción" en el caso del rey emérito.
Por ello, ha remitido un comunicado a los medios con el que da respuesta a los técnicos de Hacienda (Gestha) después de que advirtieran tras la segunda regularización fiscal de Juan Carlos I que, dada la "lentitud" de las investigaciones de la Agencia Tributaria y el Tribunal Supremo, podría librarse de sus responsabilidades penales y tributarias.
En la nota recuerdan que las actuaciones de la Agencia son confidenciales y, por tanto, "no puede hacer público si está o no investigando a una persona determinada o si tiene intención de hacerlo". En este sentido, señala que "la IHE no tiene información completa y detallada sobre este asunto y, por tanto, no puede afirmar ni negar que las actuaciones se hubieran o no iniciado antes de esta regularización".
Extremo que también ha negado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda del prensa tras el Consejo de Ministros. "Quiero afirmar con rotundidad que es falso que el Ministerio de Hacienda hubiera tenido conocimiento de cualquier tipo de información que no haya dado lugar a las actuaciones habituales que se hacen por parte de todos los contribuyentes", ha manifestado
Igualmente, la nota de los Inspectores de Hacienda denuncia que "las manifestaciones que dan por supuesto la inacción de la Agencia Tributaria daña su imagen y afectan muy negativamente a la conciencia fiscal de todos los ciudadanos" y subraya que "echan por tierra años de trabajo sordo, efectivo y costoso, de creación de una conciencia fiscal basada en el cumplimiento, pero también en la creencia de que los mecanismos de control funcionan y no existen tratos de favor".
En cualquier caso también aclaran que las regularizaciones voluntarias solo son válidas si son previas a una notificación, por lo que destacan que si fuesen ciertas las noticias publicadas en ciertos medios, que señalan que la Fiscalía notificó al rey las diligencias de investigación abiertas, "las regularizaciones efectuadas no impedirían la persecución de los delitos fiscales cometidos".
Primacía de las actuaciones penales
Además, la IHE recuerda que las actuaciones penales tienen primacía sobre las administrativas, de manera que la Agencia se limita a prestar auxilio a los tribunales y, aunque se pueden investigar nuevos hecho, "el resultado de dichas actuaciones será una mera prueba" en el procedimiento judicial.
Los inspectores reconocen que esto va "en claro detrimento de la eficacia en la lucha contra el fraude", y supone una subordinación de facto de los órganos de la Agencia Tributaria, por lo que recuerdan una serie de propuestas presentadas en 2014 para mejorar su labor de investigación.
Entre ellas se encuentran que se reconozca a la Agencia Tributaria la competencia para investigar delitos contra la Hacienda Pública, sin subordinación a otras instituciones o que se amplíe el plazo para que la administración tributaria para realizar comprobaciones que actualmente es de 4 años.