La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha tachado de "regresivo" el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que critica algunos de los ejes centrales de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, como la definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual, y ha anunciado que el Ministerio de Igualdad seguirá "adelante" con la Ley del 'solo sí es sí'.
"Si el informe va en ese sentido regresivo, efectivamente, la obligación del Gobierno y de los proponentes de esta ley, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Justicia, es seguir adelante, cumplir el Convenio de Estambul, la legislación internacional, no desatenderla, parece que el CGPJ es el único órgano que no promueve este cumplimiento", ha subrayado Victoria Rosell, este jueves, en declaraciones a los medios.
Podemos lamenta el dictamen y Robles sugiere estudiarlo
Desde Unidas Podemos han lamentado que el CGPJ se sitúe de nuevo "y como ha hecho en repetidas ocasiones" del lado de quienes "cortan el paso a las mujeres": "Ellos verán", han indicado fuentes del grupo parlamentario a Efe.
En cambio, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado partidaria de adaptar los textos en los que se detectan "deficiencias" jurídicas y ha pedido "humildad", tras conocer el dictamen.
"Todos tenemos que tener la suficiente humildad para cuando se presenta un texto y tiene deficiencias jurídicas apercibidas por órganos que tienen competencias para ello, estudiar esas deficiencias y tratar de adaptarlas al marco jurídico. Eso es la normalidad democrática", ha subrayado Robles.
Tras el informe del CGPJ, que se suma a los del Consejo Económico y Social y del Consejo Fiscal, el anteproyecto debe ser evaluado asimismo por el Consejo de Estado antes de volver al Consejo de Ministros, último paso antes de llegar al Parlamento en forma de proyecto de ley.
Igualdad reitera la necesidad de poner el consentimiento en el centro
Rosell ha recordado que "el informe del GREVIO indicaba que España estaba en el buen camino con su intención de regular los delitos sexuales poniendo el acento en el consentimiento y no en los medios comisivos", lo que entronca, según ha añadido, con "la segunda gran pega" que pone el CGPJ a la ley, en relación con la distinción entre abuso y violación.
La delegada del Gobierno contra la violencia de género ha puesto el ejemplo del caso de la manada de Pamplona y el de Manresa. En el primero, según ha dicho, se hizo "mucho hincapié en no creer que la víctima había dicho 'no' y en que se hubiera resistido lo suficiente", y en el segundo caso, la víctima estaba privada de sentido y no pudo decir que no, siendo sus agresores condenados por abuso y no por agresión.
"Esa es la diferencia entre 'no es no' y 'solo sí es sí', de una concepción patriarcal del derecho penal, de una concepción de que el hombre tiene derecho a usar el cuerpo de la mujer hasta que dice 'no', a un sistema basado en el consentimiento libre y mutuo en que los derechos se abren a partir de un sí consensuado y libre", ha argumentado.
Recuerda que el CGPJ también criticó la ley contra la violencia de género
Además, Rosell ha comparado la situación en la que se encuentran ahora al recibir este informe con la que se encontró el Gobierno de Zapatero en 2004 cuando el CGPJ "dijo cosas muy parecidas de la ley contra la violencia de género, que hoy es comúnmente aceptada y por la cual España ha estado a la vanguardia". Y a pesar del informe, según ha precisado, "se siguió adelante con una ley que abría enormemente los derechos de las mujeres".
Además, ha valorado que el hecho de que el informe del CGPJ vaya en una dirección distinta al emitido por el Consejo Fiscal "que con algunos matices, alababa los avances de la ley de libertad sexual", revela "una división jurídica entre quienes representan a la Fiscalía y a la carrera judicial" que "solo se puede paliar", a su juicio, con leyes que protejan a las mujeres.
Preguntada por si van a volver a pedir otro informe al CGPJ, Rosell ha señalado que no existe esta posibilidad, y ha insistido en que un informe de este tipo no puede tener "algo de meta jurídico o incluso de ideológico" y no debería aparecer "la ideología de sus componentes".