La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez que investiga la gestión y posible financiación irregular de Podemos que abra de nuevo las pesquisas sobre la caja de solidaridad del partido hasta esclarecer si hubo administración desleal, como denunció el que era abogado del partido, José Manuel Calvente.
El juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, había archivado en octubre esa parte de la investigación por no encontrar indicios de delito, pero ahora la Audiencia de Madrid ha admitido los recursos de Vox y de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege y ha revocado ese archivo.
La investigación sobre ese aspecto de las finanzas partía de la denuncia realizada por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, despedido en diciembre de 2019, que sugirió una presunta administración desleal de los fondos de la Caja de Solidaridad por parte del diputado Rafael Mayoral, porque no estarían siendo utilizados para los fines propios para los que se constituyó, sino para pagar a un miembro de Podemos.
Al archivar la causa, el juez Escalonilla argumentó que no es "anómalo o extraño" que el dinero de la caja de solidaridad de Podemos sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político, e incluso formados por miembros de dicho partido, "que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha caja de solidaridad".
La Audiencia cree que hay indicios de delito
En el auto, con fecha de 16 de febrero, y al que ha tenido acceso TVE, se destaca que la Asociación 404 Comunicación Popular -entre cuyos miembros hay varios integrantes de Podemos- solicitó al partido 50.000 euros para sus labores en favor de los derechos humanos y el partido transfirió 30.000 euros, aunque el juez no determinó si provenían o no de ese fondo de solidaridad ni si se destinó a otro uso distinto del declarado.
También destaca que parte de las personas que están en dicha asociación (José Martínez Coy, Diana Peinado Serrano, Francisco Javier Bermúdez Díaz, Christian Luis Navarro Marrero, Alejandro Zapico Robledo e Irene Elina Lingua) son miembros de Podemos, y que alguno de ellos tiene cargo relevante en la formación de Pablo Iglesias. Y a esto suma que el partido "no ha facilitado información sobre si concedió la cantidad de 50.000 euros".
Dada la relación de los socios con Podemos, la Sala indica que es razonable pensar que concurre "una vinculación subjetiva encubierta" entre esa asociación y el partido.
Por eso, los magistrados que han estudiado los recursos en la Audiencia no opinan del mismo modo que el juez Escalonilla y creen que existen indicios del posible uso de ese dinero para "obviar las limitaciones" de la ley de partidos políticos y de la ley de financiación de partidos.
"Resta por conocer el destino de esas cantidades, así como, en su caso, la/s persona/s que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores", plantea el auto.
Estima el recurso de una exsenadora de Podemos
En otro auto, la Audiencia estima un recurso de la exsenadora de Podemos Celia Cánovas y acepta que entre en la causa como perjudicada y como acusación particular después de que el juez lo rechazase al afirmar que no se la podía considerar perjudicada "de ninguno" de los presuntos delitos investigados.
Cánovas se considera víctima de ese posible uso irregular de parte de los fondos del partido dado que ella realizó donaciones en su condición de cargo público, y aunque el tribunal le recuerda que dichas aportaciones derivaron de un acuerdo con la formación "a la que ahora reprocha haberle reclamado esas cantidades", considera que debe estar en la causa como perjudicada de parte de los hechos investigados.
Fuentes de Podemos han apuntado al respecto que en las causas "contra" ese partido "ya nada sorprende". "Se ven cosas que difícilmente se verían con otro investigado. Es una investigación dirigida a salir en los medios de comunicación", han añadido.