La Audiencia Nacional ha dado el visto bueno a la libertad condicional del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a propuesta del Centro de Inserción Social del que dependía, tras valorar su edad, buena conducta y la "antigüedad" de los hechos por los que ingresó en prisión, las tarjetas opacas de Caja Madrid.
En el auto, según han confirmado fuentes penitenciarias, el juzgado central de Vigilancia Penitenciaria concede dicho beneficio a Rato, que desde el 25 de octubre de 2018 cumplía una condena de cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida.
El exvicepresidente del Gobierno ya obtuvo el pasado octubre el tercer grado penitenciario o régimen de semilibertad, que le permitió salir de la cárcel mediante control telemático.
La "antigüedad" de los hechos y su conducta
En la propuesta de libertad condicional, la Junta de Tratamiento del CIS Victoria Kent ha valorado el "pronóstico favorable de Rato", que ingresó en prisión "de forma voluntaria", que es "septuagenario", ha tenido una conducta penitenciaria "adaptada", y la modalidad de vida que ha mantenido una vez recibió la semilibertad.
En el auto, el juez recuerda que la libertad condicional conlleva que Rato quede bajo custodia familiar o fraternal, puesto que deberá quedar sujeto al cuidado y vigilancia de quien designe, con obligación de residir en el lugar que previamente comunique a efectos de estar localizado para el seguimiento de los servicios sociales penitenciarios, así de comunicar cualquier cambio.
También ha valorado la "antigüedad" de los hechos por los que fue condenado, que ha realizado "de manera positiva" el programa de justicia restaurativa con CONCAES, así como tener la responsabilidad civil pagada íntegramente.
Es decir, concurren todos los requisitos para la libertad condicional excepto el haber extinguido las tres cuartas partes de condena, que alcanza el 7 de marzo de 2022.
Continúa la investigación sobre su patrimonio
El pasado septiembre, la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió al expresidente de Bankia y al resto de acusados por la salida a Bolsa de la entidad, aunque aún está pendiente de los recursos de casación de varias acusaciones.
Además, continúa abierta la investigación sobre su patrimonio después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara dar marcha atrás al procesamiento por supuesta corrupción en la contratación de la campaña de publicidad del banco, y agruparla en una causa común con los presuntos delitos fiscales y de blanqueo, que instruyen los juzgados de Plaza de Castilla.
El que fuera vicepresidente económico en el Gobierno de José María Aznar entró en prisión en octubre de 2018 cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena impuesta por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas 'black' de la extinta Caja Madrid.