Los consejeros de Medio Ambiente de las cuatro comunidades autónomas que albergan más del 95% de los lobos de España, Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León, han tomado la decisión de acudir a los tribunales si se confirma la inclusión del lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE).
Alegan defectos de forma en la votación que este pasado jueves determinó, en el seno de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural, la propuesta de una asociación ecologista (Ascel) de prohibir la caza del lobo ibérico al norte del Duero, único espacio donde hasta ahora se permitía para regular y controlar su expansión.
La aceptación de esa propuesta, sobre la que deberá decidir finalmente el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, concluyó con un empate que deshizo el voto de calidad del representante ministerial, pero la ciudad autónoma de Ceuta no pudo participar en este sufragio debido a defectos técnicos en su conexión telemática, lo que alegarán esas cuatro autonomías.
Defienden la actividad ganadera de sus regiones
Esta es la principal conclusión de la reunión celebrada este viernes, vía telemática, entre los consejeros de Medio Ambiente de Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria, de distinto signo político, pero unidas en torno a la necesidad de regular, mediante la caza y captura, la población del lobo para preservar la ganadería extensiva, una de las bases de sus respectivas economías.
Las autonomías afectadas han pedido a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que abandone la "política de imposición" y que dialogue "con el fin de evitar el grave perjuicio al medio rural que supondría que el Ministerio decidiese sacar adelante esta propuesta".
Invasión de competencias
Argüirán también dentro de ese recurso, en caso de confirmarse la inmunidad del lobo ibérico, la invasión de competencias autonómicas que en su opinión supondría esa decisión del Gobierno de España a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, según un comunicado conjunto distribuido por esos cuatro territorios.
"La iniciativa que el Ministerio persigue supone una invasión de competencias exclusivas de la Comunidad, impide la gestión de la conservación y control de la población del lobo y constituye un gravísimo daño para el sector agropecuario", explica la nota.
No entenderían, por otra parte, un cambio de actitud en el Gobierno de España sobre la decisión consensuada hace años de regular el lobo al norte del Duero mediante la caza cuando su población era menos abundante que ahora, cuando se ha expandido por zonas que anteriormente no conocía.
Por todo ello, si no atienden sus peticiones, acudirán a los tribunales para ejercer las acciones judiciales de todo tipo que procedan con la intención de frenar esta iniciativa, puesto que "está en juego la supervivencia del medio rural, que no pervivirá sin el sector ganadero", han advertido.