El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves pedir al Congreso que recabe su opinión y la de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre la reforma propuesta por PSOE y Podemos para limitar sus funciones -que incluye que no pueda realizar nombramientos cuando su mandato haya caducado-, y cuya tramitación fue aprobada el pasado lunes en la Cámara Baja.
El texto de consenso, ha sido apoyado por tres cuartas partes del Pleno (16 de 21 miembros), que considera que la iniciativa "afecta al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial".
El órgano de gobierno de los jueces reconoce que, aunque su informe no es obligatorio para las proposiciones de ley, afirma que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), si la propuesta se refiere a "los aspectos nucleares del estatuto o las funciones" del Consejo, se debe escuchar a "todos los sectores implicados".
Así, el órgano insta al Congreso a que solicite el informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia - Consejo de Europa-) y a recabar la opinión de las asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la justicia.
Nueva petición de renovación
El acuerdo, que se trasladará a la Red Europea de Consejos de Justicia "a los efectos oportunos", insiste a los grupos parlamentarios "a que procedan sin mayor demora" a renovar el CGPJ, como viene exigiendo desde hace tiempo la propia institución.
Ha sido respaldado por el presidente Carlos Lesmes y 15 vocales, mientras que cinco han votado en contra, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, quienes han anunciado que formularán un voto particular.
Precisamente, estos cinco vocales han protagonizado otra de las noticias del Pleno cuando en una votación previa a la aprobación del acuerdo, han respaldado una enmienda alternativa presentada por Cuesta en la que se proponía anunciar a las cámaras la decisión mayoritaria de los miembros del órgano de gobierno de los jueces de presentar su renuncia con efectos del 1 de enero de 2021.
La enmienda, que ha sido rechazada por los otros 16 integrantes del Pleno, se dirigía a las cámaras para que "hicieran sus previsiones institucionales correspondientes y cumplieran con su obligación de renovar el CGPJ".
Tramitación urgente de la reforma
Cabe recordar que PSOE y Unidas Podemos ya han solicitado en el Congreso la tramitación urgente de su proposición para limitar las funciones del órgano hasta su renovación, lo que reduce prácticamente a la mitad los plazos del procedimiento para aprobarla, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias. Las mismas fuentes han detallado que también la intención de los dos grupos es habilitar en enero la Comisión de Justicia para abordar el nuevo texto legislativo. Con todo ello, su aprobación podría estar lista en febrero o marzo.
A esta proposición, se suma otra, que está paralizada, presentada por los mismos grupos parlamentarios para reducir las mayorías cualificadas para nombrar a los vocales del CGPJ que corresponden al Congreso. Una reforma que se paralizó para que el Gobierno pudiera negociar la renovación de la cúpula del Poder Judicial con el PP, ya que se requiere una mayoría en la Cámara Baja de tres quintos. Sin embargo, el partido de Pablo Casado mantiene el veto a que Unidas Podemos participe de la negociación.
Nuevos nombramientos
Además, el órgano de gobierno de los jueces ha aprobado cuatro nombramientos de cargos judiciales. Solo tres de los veintiún vocales del Consejo (Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda) han votado en blanco a los nombramientos como muestra de su oposición a que el Consejo siga designando cargos a pesar de que su mandato expiró hace más de dos años.
Entre los nombramientos más destacados está el de José Pablo Aramendi Sánchez como presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, puesto que estaba vacante desde el nombramiento de su antecesor, Ricardo Bodas, como magistrado del Tribunal Supremo.
El magistrado ha obtenido 17 votos de los 21 del Pleno, por uno de Emilia Ruiz-Jarabo Quemada. Juez de lo Social desde 1990 y a cargo del juzgado 33 de Madrid desde 1992, estuvo en comisión de servicios entre 2014 y 2015 en la Sala que ahora va a presidir.
Es autor de numerosas publicaciones de divulgación científica sobre, entre otros asuntos, el despido de trabajadoras embarazadas, la jubilación, el acoso laboral y el acoso moral, la discriminación de los jóvenes en el trabajo, la articulación procesal de los despidos colectivos e individuales o la discapacidad como factor de discriminación, según informa el CGPJ.
Además, el Pleno ha elegido a María José Renedo Juárez presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, con sede en Burgos; a David Ordóñez Solís presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias; y a Joaquín González Casso presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres. Todos han obtenido 18 votos.