Amnistía internacional (AI) ha denunciado la situación en las residencias de ancianos, que sigue siendo "alarmante" ya que no se están derivando a los pacientes a hospitales, no se garantizan las visitas de familiares, ni se ha reforzado el personal, según un informe de la organización que denuncia la violación de "al menos cinco derechos humanos".
"En las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna", ha asegurado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
El informe, titulado "Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España", analiza la situación en las residencias de personas mayores de Madrid y Cataluña.
Amnistía Internacional lamenta en el informe que las medidas adoptadas por las autoridades para responder a la pandemia en estos centros sociosanitarios han sido "insuficientes e inadecuadas" y han vulnerado "al menos cinco derechos humanos" de las personas mayores residentes.
El número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas -ya sean públicas, concertadas o privadas- supera las 23.000 personas nueve meses después del estallido de la pandemia en España. En concreto, se sitúa en 23.625 personas con COVID-19 o síntomas similares, según los datos procedentes de las comunidades autónomas recopilados por RTVE.es. Ello significa en torno al 51,2 % de las muertes notificadas oficialmente por el Ministerio de Sanidad de personas con coronavirus se ha producido entre mayores que vivían en residencias de ancianos. La mayoría de las defunciones se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
AI denuncia que se evita el traslado a hospitales
En su informe, Amnistía Internacional recuerda que durante la primera ola, el virus se esparció con mucha rapidez en las residencias porque el personal cuidador no contaba con la protección necesaria, lo que causó la baja de un gran número de trabajadores.
"Pese a que durante estos meses se han mejorado determinados aspectos, algunas de estas preocupaciones siguen vigentes", advierten. En concreto, lamenta que siguen sin estar garantizadas las visitas de familiares, se evita el traslado de los ancianos a los hospitales y no se han tomado medidas de refuerzo de personal suficientes.
A su juicio, las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid y la Generalitat "se implementaron de forma incoherente" y no llegaron a dotar de acceso adecuado a los servicios de salud a las personas mayores que viven en residencias.
Sin embargo, Amnistía cree que la situación de muchos ancianos fue más humana precisamente gracias al esfuerzo y a la dedicación del personal sanitario y de las residencias pese a la falta de respuesta de las autoridades y la escasez de recursos.
Reclama un contacto regular entre residentes y familiares
El informe critica la decisión de no derivar a las personas mayores a los hospitales, una práctica que se aplicó "de forma automatizada y en bloque" sin llevar a cabo valoraciones individualizadas, lo que dificultó el acceso a un tratamiento adecuado a aquellos pacientes de covid-19 u otras patologías.
Según Beltrán, las pocas derivaciones que se dieron fueron tardías y han documentado casos de personas residentes que llegaron al hospital "en situación de deshidratación y desnutrición".
Así, ante la segunda ola de la pandemia, AI pide a las autoridades adoptar medidas urgentes para garantizar que cualquier decisión para combatir la pandemia respeta los derechos humanos y que se asegure que las decisiones médicas se realizan en base a evaluaciones individualizadas.
Además, reclama que se garantice un contacto regular entre residentes y familiares e insta al Gobierno a que impulse la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado.