El responsable de comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, ha defendido ante el juez que todos los servicios contratados con la consultora Neurona para las elecciones de 2019 se desarrollaron correctamente y se ha desvinculado de los pagos que hiciese después esta mercantil a otras sociedades.
Del Olmo ha declarado este viernes como imputado ante el Juzgado de instrucción número 42 de Madrid junto al responsable de Finanzas del partido, Daniel de Frutos; la gerente, Rocío Val; y la responsable de compras, Andrea Deodato, en la causa donde se investiga un contrato de Podemos con Neurona para los comicios del 28A de 2019.
Según fuentes jurídicas, los investigados han asegurado que todos los trabajos contratados se desarrollaron con normalidad y han incidido en que no tenían por qué saber lo que el proveedor, es decir, Neurona, hacía con su dinero.
Argumento que han aportado al ser preguntados por una serie de abonos que presuntamente realizó Neurona Comunidad -la filial de la consultora en España- a una empresa denominada Creative Advice Interactive, radicada en Dallas.
Aunque controlaban que no se produjese ningún exceso en el gasto y hacían un seguimiento del trabajo, han señalado que no entraban tanto al detalle en el desarrollo del mismo, dado que finalmente éste se realizaba, según las fuentes.
Del Olmo también ha explicado que conoció Neurona a través del directivo César Hernández, a quien conoció en 2018 cuando ya era secretario de comunicación, y ha indicado que, tras la contratación de la empresa, sólo trató con cuatro trabajadores.
"Todas las denuncias han sido desmontadas", ha dicho ante los medios el abogado de Podemos, Gorka Vellé, confiado de que "las dudas están absolutamente disipadas" tras haberse acreditado los trabajos, al tiempo que ha asegurado desconocer si Neurona ha realizado pagos de dinero a una empresa de Mexico. En cualquier caso, ha señalado, sería de la "incumbencia" de esta empresa.
Niegan desvío de fondos para las obras de la sede de Podemos
Los investigados también han sido preguntados sobre las obras de reforma de la nueva sede del partido en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, licitadas por 650.000 euros pero que finalmente se adjudicaron por 1,3 millones, según denunció el exabogado de la formación José Manuel Calvente, cuya querella dio origen a la causa.
A este respecto, las fuentes señalan que los investigados han negado que haya habido ningún desvío de dinero y han explicado que la primera cantidad se correspondía a estimaciones que luego siempre pueden variar. Además, han recalcado que tanto la licitación como los propios trabajos de reforma han quedado acreditados en la causa.
Sin embargo, Vox, que ejerce la acusación popular, sigue sospechando de estos trabajos, como ha indicado a los medios la abogada de la formación, Marta Castro, para quien "no ha quedado acreditado siquiera que los contratistas que han intervenido conocieran la licitación". "El contacto siempre ha sido directo con el arquitecto", ha añadido.
El juez pide a la Policía que investigue los vídeos electorales de 2019
Por otra parte, este viernes se ha sabido que el titular del juzgado número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha solicitado a la Policía que investigue la autoría y la fecha de los vídeos aportados por Podemos relacionados con los servicios prestados por la consultora Neurona para las elecciones del 28 de abril de 2019.
En una providencia del pasado 17 de noviembre y a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado pide a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción que centre sus pesquisas en los más de mil vídeos que aportó Podemos a la causa donde se investiga un contrato suscrito con dicha empresa relativo a estos comicios.
Escalonilla quiere que los agentes "investiguen la autoría y la fecha" de la realización de los vídeos "y cuales otros datos informáticos se puedan obtener" de los mismos.
También solicita que indaguen en la cuenta de Neurona Comunidad -filial española de esta empresa- a la que el 29 de marzo de 2019 la cuenta electoral de Unidas Podemos transfirió 75.000 euros.
Al partido liderado por Pablo Iglesias, el juez le había pedido la liquidación de la licencia de obra de su sede en el distrito de Ciudad Lineal, presentada ante el Ayuntamiento de Madrid, en relación a las posibles irregularidades en la adjudicación de las obras de reforma que también se investigan en la causa.
Dentro de esta misma línea de investigación, el magistrado había requerido una serie de documentación al arquitecto de la obra, que declaró el pasado viernes como testigo. En concreto, solicita el acta de recepción de la obra, el certificado final y los sucesivos certificados de obra emitidos durante su ejecución para "el pago a las contratistas".