El aumento del IRPF para las rentas más altas, la regulación del precio de los alquileres, la devolución de la capacidad adquisitiva al IPREM o las mejoras al ingreso mínimo vital son algunos de los puntos de discrepancia en el seno del Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, unos desacuerdos que podrían retrasar el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
Las nuevas cuentas públicas, que continúan siendo un objetivo prioritario para el Gobierno, siguen pendientes de las negociaciones. Por ahora, desde el Ejecutivo han dado varios pasos, entre ellos aprobar el techo de gasto para los presupuestos, una revalorización de las pensiones "en función de la previsión del IPC" o subir el IVA de las bebidas azucaradas del 10 al 21 % a partir de 2021.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, adelantó el pasado mes de septiembre que los nuevos Presupuestos estarán divididos en tres bloques: fiscalidad, funcionamiento de las instituciones y el relacionado con los fondos europeos. No obstante, en materia fiscal quedan muchos puntos aún por negociar.
Subida del IRPF y regulación de los alquileres
La discrepancia en la materia fiscal provocó que el plan presupuestario que fue enviado la semana pasada a Bruselas llevase en blanco ese apartado. Según ha podido saber RTVE, Unidas Podemos insiste en que se aplique una subida de los impuestos directos a las rentas altas. En el caso del IRPF, apuestan por una subida a partir de los 200.000 euros para rentas del capital y rentas del trabajo, así como una subida a los grandes patrimonios.
No obstante, Nadia Calviño ha recordado este lunes que se va a crear un grupo de expertos para analizar, más a medio plazo, cambios en las bonificaciones impositivas y no ha querido detallar los cambios en el IRPF, que junto con la tasa Google, la tasa Tobin y la fiscalidad verde permitirán recaudar casi 7.000 millones más, según los planes enviados a la Comisión Europea.
Otro de los elementos de discrepancia son los alquileres. Desde Unidas Podemos piden la regulación de precios, tal y como recoge el programa de Gobierno, porque "es un tema urgente y facilita la aprobación del borrador por parte de los grupos de la investidura", sobre todo de los catalanes, ya que la ley dotaría de cobertura legal a la aprobada en Cataluña, que ha sido recurrida y desencadenó una reacción contraria por parte de asociaciones y colectivos de profesionales del sector inmobiliario.
Esta medida choca, además, con las declaraciones de José Luis Ábalos de este lunes. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha defendido que la regulación de los precios de los alquileres debe incluirse en la ley de vivienda en la que ya están trabajando, y no en los Presupuestos. Además, ha pedido esperar hasta que se haya normalizado el mercado de la vivienda, que se está viendo alterado por la pandemia.
En cuanto al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), desde Podemos consideran que es necesario recuperar la capacidad adquisitiva "de forma decidida". Además, la Vicepresidencia de Derechos Sociales quiere aprovechar la tramitación parlamentaria del ingreso mínimo vital (IMV) para incorporar avances que permitan atender mejor las situaciones de falta de ingresos a las que se están enfrentando muchos hogares, y corregir problemas en algunos requisitos de acceso que están limitando su eficacia.