Miles de personas se han congregado este domingo en la céntrica Plaza Italia, en la capital chilena, para conmemorar el primer aniversario de la ola de protestas que estallaron contra el Gobierno y la desigualdad económica y para clamar que "Chile despertó".
En un ambiente completamente festivo, a diferencia de la semana pasada donde hubo duros enfrentamientos entre manifestantes y policías, la plaza se llenó de puestos ambulantes de comida y bebida, así como de colectivos sociales con pancartas y familias enteras, con niños y adultos mayores.
"¡Hasta que respetarnos se haga costumbre!", decía un cartel de una joven, mientras a su lado un grupo entonaba míticas canciones chilenas que se han convertido en lemas durante las protestas, como "El derecho a vivir en paz", de Víctor Jara, o "El baile de los que sobran", de Los Prisioneros.
"Hace un año Chile despertó de un largo letargo, los chicos dieron la cara, iniciaron la lucha, han sido muy valientes", ha asegurado a Efe el jubilado José Antonio García, visiblemente emocionado.
Agentes de la policía antidisturbios junto a una barricada en llamas durante una protesta contra el gobierno de Chile en Santiago, Chile. REUTERS / Ivan Alvarado
"No son 30 presos, son 30 años"
Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de 800 a 830 pesos en la tarifa se convirtió en una revuelta sin parangón, la más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos.
"No son 30 pesos, son 30 años de abusos. El aumento del boleto fue la gota que colmó el vaso. El pueblo quiere derechos", ha afirmado la universitaria Patricia Santamaría, que portaba una bandera de la etnia indígena mapuche y para quien el crecimiento económico que acumuló Chile desde el retorno a la democracia no permeó a la sociedad.
Cerca del mediodía miles de ciclistas han irrumpido en la rotonda, bautizada por los manifestantes como "Plaza Dignidad", con pancartas a favor de una nueva Constitución y han pedido la salida del presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, con mínimos niveles de aprobación popular.
"Tengo 60 años y mi pensión es de apenas 100.000 pesos (125 dólares). Este país no funciona, hay que cambiarlo de raíz", ha agregado María Iliana Sagredo, quien ha pedido a sus compatriotas que salgan en masa a votar el 25 de octubre en el histórico plebiscito sobre una nueva Constitución.
Redactada en la dictadura militar, pero reformada después una decena de veces, la actual Carta Magna es vista por una parte de la sociedad como el origen de las desigualdades del país, por darle un papel secundario al Estado en la provisión de servicios básicos.
El plebiscito, que iba a celebrarse en abril pero fue aplazado por la pandemia de coronavirus COVID-1 coronavirus COVID-19, busca descomprimir la tensión en un país muy polarizado, que hasta el año pasado estaba considerado el más estable de Latinoamérica.
"La violencia que vimos el año pasado no la vamos a volver a ver durante el proceso constituyente, lo que no significa que Chile vaya a ser una balsa. El proceso va a ir acompañado de mucha efervescencia social. Lo hemos visto en otros países", ha explicado Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile.
"El 18-O marcará nuestras vidas"
El cuerpo policial de Carabineros ha desplegado este domingo un amplio dispositivo de seguridad, que incluye 40.000 agentes en todo el país, pues se esperan también concentraciones en ciudades como Valparaíso, Viña del Mar y Concepción.
La institución, hace años muy respetada, está en el punto de mira por su crudeza en la represión de las marchas y diversos organismos internacionales, como la ONU, les han acusado de haber cometido violaciones a los derechos humanos.
Según el Ministerio Público, hay más de 4.600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad, pero solo 75 agentes han sido imputados.
"Reiteramos la urgencia de avanzar a favor de la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas. Y, por supuesto, exigimos claras garantías de que hechos tan brutales como los vividos no se vuelvan a repetir jamás", ha indicado en su cuenta de Twitter la ONG Amnistía Internacional (AI).
Se trata de una revuelta sin líderes, que la oposición no ha sido capaz de capitalizar, ni siquiera los jóvenes diputados izquierdistas que salieron de las protestas estudiantiles de 2011, dado la enorme desafección de la ciudadanía hacia los políticos.
Para Gloria de la Fuente, presidenta de la Fundación Chile 21, "lo ocurrido hace un año marcará el resto de nuestras vidas", independiente de que "para algunos fuese el despertar de una ciudadanía que parecía dormida" y "para otros, la emergencia de actos incomprensibles de violencia y vandalismo".
Quema de iglesias
El Gobierno de Chile ha indicado este domingo que "quemar iglesias es una expresión de brutalidad", después de que dos templos del centro de la capital fueran incendiados tras una multitudinaria manifestación.
"El rechazo a la violencia debe ser firme y claro por parte de todos los sectores de la ciudadanía", ha señalado en rueda de prensa el ministro de Interior, Víctor Pérez.
El primer santuario en arder fue la Iglesia San Francisco de Borja, usado regularmente por el cuerpo policial de Carabineros para ceremonias institucionales, y horas más tarde fue la Iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de la capital, con más de un siglo y medio de antigüedad.
Las imágenes de la cúpula de este último templo en llamas y desplomándose, entre aplausos y vítores de un grupo de manifestantes, se han difundido por las redes sociales.
Un grupo de manifestantes observa como arde la iglesia de San Francisco de Borja, actualmente destinada al servicio religioso de Carabineros de Chile, este domingo durante una manifestación en los alrededores de la Plaza Italia de Santiago (Chile). EFE/Stringer
"A siete días del plebiscito, el Gobierno reitera su voluntad de que todas las diferencias de los chilenos las resolvamos a través de los mecanismos democráticos", ha indicado Pérez, en referencia al plebiscito sobre una Constitución que se celebrará el 25 de octubre y que fue convocado como una salida institucional a la crisis social.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, el obispo Santiago Silva, ha pedido por su parte en un comunicado "que la violencia no intimide el anhelo de justicia para Chile" y ha afirmado que en las democracias los ciudadanos se expresan a través del voto libre y "no bajo las presiones del terror y la fuerza".