Las mujeres representan más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares, pero en la inmensa mayoría de los casos los titulares son únicamente los varones. Ellas suelen aparecen como cónyuges y su trabajo está considerado como "ayuda familiar". Un trabajo callado, invisible, difícil de cuantificar. Para paliar esta desigualdad, el 5 de enero de 2012 entró en vigor la Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, con los objetivos de visibilizar el trabajo de las mujeres en las explotaciones agrarias y profesionalizar su actividad. Son medidas destinadas no solo a fomentar la igualdad y mejorar la calidad de vida en el medio rural sino también para asentar población en un territorio cada vez más despoblado.
La ley calculaba que unas 30.000 explotaciones de toda España podrían acceder a esta figura, porque en ellas trabajaban mujeres codo con codo con los titulares sin figurar como tales. Sin embargo, según el registro del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, solo unas 731 de estas explotaciones han terminado los trámites y han regulado la cogestión. Ellas siguen trabajando pero no figuran en ningún lugar, no tienen derecho a paro ni a jubilación. Son invisibles.
Las mujeres sólo gestionan tres de cada diez granjas
731 explotaciones en titularidad compartida desde 2012
Que se haya reconocido 711 titularidades compartidas en más de ocho años en todo el país es un resultado decepcionante, como reconocen en todas las organizaciones agrarias. Quienes se han acogido a esta figura de cogestión están satisfechos.
Es el caso de Bárbara Herráiz Blais, una joven agricultora de 35 años que desde principios de 2020 comparte con su pareja, Salva San Andrés, la titularidad de su explotación agrícola en Abía de la Obispalía (Cuenca). Ambos trabajan unas 200 hectáreas de terreno donde cultivan cebada y girasol. Él se ocupa más de las tareas del campo, ahora mismo se emplea a fondo en la siega de unas plantas que, gracias al agua caída a tiempo, están bien granadas. Ella, trabajadora social de formación, no pensó nunca en dedicarse a la agricultura pero en la práctica se encarga de la gestión y administración de la explotación: arreglar los papeles del seguro, presentar toda la documentación necesaria para las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), gestionar las cotizaciones a la Seguridad Social.
A finales de 2018 Bárbara y Salva supieron de la existencia de la figura de la titularidad compartida y gracias a la organización agraria UPA se animaron para iniciar los trámites. Desde principio de año comparten derechos y obligaciones a partes iguales.
"No cambia nada. Es lo mismo que estás haciendo, pero así te lo pueden reconocer", dice Bárbara, que cree que todo son ventajas. De esta manera, se reparten las cargas, pero también se comparten las subvenciones y los beneficios si los hubiera al 50%. El único compromiso, nos cuenta, es la obligación de dedicarse a la agricultura durante 5 años y que sea la actividad principal.
"Las mujeres siempre se han dedicado al campo. Han cuidado la huerta, los animales y la casa, pero su trabajo nunca se ha tenido en cuenta", se lamenta Salva, que cree que la titularidad compartida sirve para valorar una actividad que no siempre se ve.
Mujeres rurales, mucho por hacer
Una norma que no termina de cuajar
¿Por qué ha tenido tan escaso seguimiento esta posibilidad?. "La ley no se consideró prioritaria, nació en el entorno de una gran crisis económica", nos cuenta Teresa López presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR). Ella la define como una ley coja a medio desarrollar que necesitaría un impulso definitivo: "No puede ser que para tramitar la titularidad compartida haya que ir a cuatro cinco ventanillas", se queja.
Teresa López se refiere a los trámites que hay que efectuar como un periplo por los mostradores de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria y de la oficina comarcal agraria. Desde FADEMUR piden una ventanilla única en la que realizar todos estos trámites. También creen que sería importante que se haga un rastreo de oficio para saber cuáles de las explotaciones cumplen con las condiciones de titularidad compartida y que así se les pueda aplicar de forma más directa.
“No puede ser que haya que ir a cuatro o cinco ventanillas. Debería haber una ventanilla única para estos trámites“
"No solo se trata de facilitar el papeleo, sino que las administraciones consideren a las explotaciones de titularidad compartida como el núcleo de las explotaciones de la agricultura familiar y, como tales se protejan", asegura López, que pide políticas concretas dirigidas a las explotaciones familiares, sobre todo en titularidad compartida y enumera los beneficios que aportan para la fijación de población al medio rural o en la lucha contra el cambio climático.
La titularidad compartida es una reivindicación histórica de las mujeres agricultoras y ganaderas que poco a poco va calando. Para la presidenta de Fademur: "Es una cuestión de derechos y no de números. Reconocer los derechos de las mujeres debería ser prioritario a la hora de establecer incentivos que ayuden a cambiar esas mentalidades. Algo que debería fomentarse sobre todo en este decenio de la agricultura familiar impulsado por la ONU".