El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona ha condenado este lunes a la Universidad de Barcelona (UB) por vulnerar los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de sus profesores y alumnos, y el derecho a la educación de estos últimos, por el manifiesto conjunto de las universidades catalanas de apoyo a los condenados del 'procés' y en contra de la sentencia del Tribunal Supremo.
En una sentencia dictada el pasado 30 de septiembre, pero hecha pública este lunes, se estima la demanda en su totalidad de cuatro profesores del colectivo Universitaris per la Convivència, y un alumno que, antes de abrir la vía judicial, habían denunciado, en carta abierta a los rectores catalanes y ante el Defensor del Pueblo, la instrumentalización política de las universidades que implicaban estos manifiestos.
La sentencia considera que el centro universitario ha infringido su "deber de neutralidad", por lo que declara la nulidad de pleno derecho del acto de aprobación del manifiesto y obliga a la Universidad a publicar la sentencia en su página web durante un mes. La UB ha de pagar, además, las costas procesales.
Los demandantes son el catedrático de Filosofía del Derecho Ricardo García Manrique, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario José Andrés Rozas, la profesora de Derecho Civil Chantal Moll de Alba, el catedrático de Ciencia Política Rafael Martínez y el estudiante de Relaciones Laborales Daniel Tolosana.
La razón de la demanda
La condena a la Universidad de Barcelona es por la aprobación por parte del claustro del "Manifiesto conjunto de las universidades catalanas de rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y de la judicialización de la política" el pasado 21 de octubre de 2019.
En este manifiesto, se calificaba de "injusta" la sentencia de 'procés' y exigía la "inmediata puesta en libertad de las personas injustamente condenadas". Asimismo, rechazaba "la represión y la violencia policial" y denunciaba que la "deriva autoritaria" del Estado.
Antes de la celebración del Claustro, uno de los profesores, Ricardo García Manrique, había solicitado a la Mesa la anulación de la convocatoria por entender que "la aprobación del manifiesto excedía el ámbito competencial del Claustro" y sobre todo vulneraba la libertad ideológica y de expresión de todos los miembros de la Universidad (profesores, alumnos y personal administrativo y de servicios), al atribuirle a esta en su conjunto una opinión política determinada.
Sin embargo, el Claustro desestimó la petición del profesor y procedió a la discusión y votación del manifiesto, que se aprobó por amplia mayoría de los presentes.
La Universidad no es una institución de representación política
En la sentencia contra la UB, se recuerda que la universidad "no es una institución de presentación política" y que como institución pública, "está sometida al deber de neutralidad". Además, invoca la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual las instituciones públicas no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión, que es un derecho de las personas.
Asimismo subraya que "sin tal neutralidad, se incurre en una indeseable confusión de funciones administrativas y políticas, que implica el menoscabo de la igualdad y el pluralismo de las ideas y creencias".
Además, considera que el derecho a la educación ha resultado "vulnerado", pues señala que la defensa por parte del claustro de "actos declarados inconstitucionales y perseguidos por la jurisdicción penal" dificulta el desarrollo integral de alumnos y profesores, pues "se promueven valores y concepciones ideológicas que son contrarias a los ideales que inspiran la Constitución vigente".
Se trata de una severa condena a la Universidad de Barcelona, puesto que la demanda se estima en su integridad, después de haber sido descartados todos y cada uno de los argumentos que la Universidad alegó en su defensa.
Esta sentencia se une a otras precedentes de diversos órganos jurisdiccionales que, en los últimos tiempos, han reafirmado el deber de neutralidad de las instituciones públicas, censurando su uso partidista, sean gobiernos autonómicos, ayuntamientos o colegios profesionales.
Aunque los hechos fueron diferentes, esta es la segunda vez que una universidad catalana es condenada por vulneración de derechos fundamentales. Hace dos años el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona condenó a la Universidad Autónoma de Barcelona por vulneración de estos mismos derechos a raíz de una demanda de varios estudiantes que hoy forman parte del colectivo S’ha Acabat.
Amparo judicial a Universitaris per la Convivència
Esta demanda fue interpuesta por Universitaris per la Convivència, colectivo impulsado en octubre de 2018 precisamente con el objetivo de velar por la neutralidad de las universidades catalanas.
Universitaris per la Convivència, junto al Foro de Profesores, difundió el 29 de octubre de 2019 una carta abierta a los rectores catalanes, suscrita en tres días por más de 800 docentes, en la que se recogían los argumentos que inspiran la demanda que ahora recibe amparo judicial.
En este sentido, este colectivo considera que esta sentencia supone un "espaldarazo importantísimo a sus reivindicaciones en defensa de una universidad que no ha de pronunciarse en nombre de todos asumiendo por decreto una verdad única", y ha anunciado que emitirá la sentencia a todos los rectores catalanes, reclamándoles que velen por que, en adelante, no se vuelvan a vulnerar los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad universitaria.
Amparo judicial pleno a Universitaris per la Convivència
Esta demanda fue interpuesta por iniciativa del colectivo Universitaris per la Convivència del que forman parte los cuatro profesores demandantes.
Este colectivo, impulsado en octubre de 2018, precisamente con el objetivo de velar por la neutralidad de las universidades catalanas, cobra fuerza a raíz del referido “manifiesto único” aprobado (con algunos matices) por todos los claustros de las universidades públicas en los días que siguieron a la sentencia del procés del 14 de octubre de 2019. Universitaris per la Convivència, junto al Foro de Profesores, difundió el 29 de octubre una carta abierta a los rectores catalanes, suscrita en tres días por más de 800 docentes, en la que se recogen los argumentos que inspiran la demanda que ahora recibe amparo judicial: http://universitarisperlaconvivencia.org/wp-content/uploads/2019/10/Carta-abierta-a-los-rectores-de-las-universidades-p%C3%BAblicas-de-Catalu%C3%B1a-En-defensa-de-la-libertad-ideol%C3%B3gica.pdf. La carta recibió el apoyo explícito del entonces Ministro de Universidades, Pedro Duque: https://twitter.com/astro_duque/status/1189295864696754177?s=21
Universitaris per la Convivència considera que esta sentencia supone un espaldarazo importantísimo a sus reivindicaciones en defensa de una universidad que no ha de pronunciarse en nombre de todos asumiendo por decreto una verdad única, sino que ha de fomentar la creación y mantenimiento de un espacio de libertad intelectual lo más amplio posible, en el que todas las ideas puedan formarse, expresarse y debatirse y en el que se estimule el conocimiento y el espíritu crítico.
El colectivo remitirá la sentencia a todos los rectores catalanes, reclamándoles que velen por que, en adelante, no se vuelvan a vulnerar los derechos fundamentales de los diferentes miembros de la comunidad universitaria.