Más de un millón de ciudadanos de Madrid, de 45 zonas básicas sanitarias de salud, han empezado este lunes la semana con su movilidad restringida para frenar el avance del coronavirus. Mientras que para el resto de madrileños, comienza una semana de gran incertidumbre por la guerra abierta entre el Ministerio de Sanidad y el Gobierno autonómico por el endurecimiento de las medidas en la Comunidad de Madrid contra la COVID-19.
La gestión de la pandemia en esta región ha dado un vuelco en apenas siete días. Tras días de críticas cruzadas sobre las medidas a adoptar en Madrid, la pasada semana se inició con una tregua entre ambos Ejecutivos, escenificada en la reunión el lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la que acordaron crear el grupo COVID-19, para coordinar las medidas frente al virus.
Ese lunes por la tarde se reúne por primera vez el grupo. El martes parecía que la concordia era real. Madrid anuncia que estudia ampliar las limitaciones a más zonas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, pedía ese día a los ciudadanos restringir su movilidad "al máximo" y que limitasen sus reuniones sociales, al tiempo que descartaba activar el estado de alarma. El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, también pedía a los madrileños que salieran "lo menos posible".
El jueves, Illa elevaba el tono y advertía de que venían "semanas duras" en la Comunidad de Madrid, a la que le pedía "actuar con determinación", aunque también reconocía el esfuerzo de Madrid. Ese día vuelve a reunirse el Grupo COVID-19, y acuerdan solo una cosa: el doctor Emilio Bouza, experto en enfermedades infecciosas y microbiología, sería el portavoz del grupo, el llamado "Fernando Simón" madrileño.
Illa advierte de que "vienen semanas duras" en Madrid y hay que actuar "con determinación"
Pero el concordato no duró ni una semana, y el viernes la tregua saltó por los aires. El desencuentro se hizo patente cuando llla contraprogramó una rueda de prensa desde Moncloa al tiempo que la Comunidad de Madrid anunciaba sus nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus.
El ministro de Sanidad criticó entonces que la Comunidad de Madrid había ignorado por completo sus recomendaciones, ya que había pedido confinar todos los distritos de la ciudad de Madrid, con independencia de su incidencia acumulada, además de los municipios de la región que presentasen en los últimos 14 días más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el Gobierno regional tan solo amplió a ocho nuevas zonas sanitarias las restricciones que estaban vigentes en otras 37 desde el pasado lunes.
Tiras y aflojas
Durante el fin de semana pasado, los tira y afloja entre los dos Gobiernos a cuenta de la gestión de la pandemia continuaron. El sábado, la batalla se cobró la primera víctima. Emilio Bouza presentaba su dimisión solo 48 horas después de ser nombrado por los desencuentros entre las dos administraciones.
También el sábado, en otra rueda de prensa, Illa volvía a pedir a Madrid que revisase su estrategia contra la pandemia. Incluso el Gobierno adelantaba que estaba barajando la posibilidad de tomar el control sanitario de la región si no lograba un acuerdo con el Ejecutivo regional.
Ante estas declaraciones, el consejero de Interior y Justicia, Enrique López, acusó en Twitter al ministro de "desleal", mientras que Martínez-Almeida, acusó a Illa de "enredar", cambiar de criterio sin datos y confundir a la ciudadanía.
El domingo continuaron las declaraciones cruzadas a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguraron a RTVE que estarían dispuestos a aceptar los planteamientos de Illa, siempre y cuando se aplicasen en todo el territorio nacional.
Pero Díaz Ayuso tenía más condiciones para aceptar cerrar todas las áreas y poblaciones con una incidencia de más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes, como reclamaba Sanidad: que se realizasen tests PCR en el aeropuerto de Barajas, en el AVE y otros viajes por tren, ya que consideraba que estos eran los puntos de entrada del coronavirus en la región.
Y entre tanto, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, pedía en su cuenta en Twitter un "alto al fuego político" para negociar de manera conjunta medidas para proteger la salud de los madrileños ante el aumento de casos de COVID-19. También aseguraba haber hablado con los ministros de sanidad y Política Territorial, Salvador Illa y Carolina Darias, a quienes les había traslado "la necesidad de continuar las reuniones" entre ambos Gobiernos.
Por su parte, Darias contestaba también en Twitter reclamando que Madrid se colocase "al lado de la ciencia y de los técnicos sanitarios", porque, advertía, la batalla contra el virus "es epidemiológica, no ideológica".
Y aunque el sábado, Ayuso parecía estar de acuerdo con endurecer las medidas en Madrid, el domingo volvía a descartar el confinamiento total ante el avance del coronavirus y aseguraba que la Comunidad se estaba "arruinando". Al mismo tiempo, el ministro de Sanidad instaba a la presidenta regional por tercera vez en dos días a que adoptase medidas más restrictivas cuanto antes.
Además, este lunes, el Gobierno de la Comunidad ha vuelto a acusar a Salvador Illa de "desleal" por sus declaraciones en los medios sobre la necesidad de tomar más medidas en Madrid y ha asegurado que no se dan las circunstancias para que Sanidad intervenga, porque la situación de la pandemia está bajo "control".
Las posibles opciones
En cuanto a las posibilidades que tiene el Ejecutivo de Sánchez para tomar el control sanitario en la Comunidad de Madrid, son varias las posibles opciones. Una posibilidad sería mediante el Real Decreto de nueva normalidad. En su artículo 65, se abre la puerta para que el Ejecutivo pueda tomar en "situaciones de urgente necesidad" las "medidas necesarias" contra la pandemia sin necesidad de contar con el Consejo Interterritorial de Salud, en el que están representadas las Comunidades Autónomas.
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Pero no es la única opción. También cabría la posibilidad de utilizar la Ley de Salud Pública de 2011 o la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Salud Pública de 1986, o incluso la declaración del Estado de Alarma, aunque esta última opción solo la aplicaría el Gobierno si son las comunidades quienes lo piden.
Finalmente tras el cruce de declaraciones, este lunes por la tarde, el ministro de Sanidad y el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruíz Escudero, junto con sus equipos, se reunirán en la sede del ministerio para abordar las medidas de prevención puestas en marcha contra el COVID-19 en la Comunidad de Madrid.